Celebrar los aniversarios de nuestra historia política tiene un sentido profundo: estas fechas no sólo nos convocan para honrar a quienes hicieron posible esos procesos sino que, sobre todo, nos llaman a reflexionar acerca de nuestra responsabilidad presente y a debatir el camino que tenemos por delante.
La historia argentina del último siglo es rica en procesos de crecimiento económico y de conquistas sociales, seguidos de períodos que tiraron abajo los logros alcanzados. En numerosos casos, estas rupturas significaron la discontinuidad del orden institucional y la instalación de gobiernos dictatoriales que impidieron la resolución democrática de los conflictos, atentaron contra los más elementales derechos humanos e imposibilitaron la participación ciudadana.
Es por ello que transitar por un periodo de 25 años de vigencia ininterrumpida del orden democrático constituye, sin lugar a dudas, la más importante y esperanzadora conquista del pueblo argentino. Sin embargo, este avance institucional no mostró un correlato igualmente alentador en la transformación de las condiciones estructurales que produjeron el comportamiento cíclico de la economía ni en la mejora de los niveles de justicia social y de las condiciones socio-económicas de nuestro pueblo .El aniversario de la recuperación de la democracia nos encuentra comprometidos en el esfuerzo por profundizar el proceso político, social y económico iniciado en el año 2003. Esta meta exige desarrollar un amplio debate acerca del modelo socioeconómico a construir, de las estrategias políticas y del rol de los diferentes actores sociales para concretarlo. El desafío central de la agenda política actual es continuar avanzando en la construcción de una sociedad con mayor desarrollo económico y, al mismo tiempo, con crecientes niveles de justicia social. No se trata de una discusión que únicamente aborde la coyuntura. Es imprescindible operar sobre la realidad planteando las estrategias de mediano y largo plazo, que impidan reiterar los procesos pendulares y las rupturas permanentes que fueron una constante en la Argentina del Siglo XX.
Sabemos que el crecimiento por sí solo no garantiza un desarrollo social equitativo. Aún en períodos de fuerte crecimiento del PBI, aquel modelo de acumulación evitó que los beneficios del desarrollo económico contribuyeran a mejorar la distribución del ingreso. La década de los ’90 fue el ejemplo más significativo. A pesar de haber alcanzado una tasa de crecimiento anual del PBI del 5,5 entre los años 1992-98, se alcanzaron los niveles más altos de concentración de la riqueza, desocupación y marginación de la historia Argentina reciente.
Es por ello que la característica distintiva de la transformación iniciada en 2003 no es únicamente haber sostenido un período de crecimiento económico de magnitud y extensión en el tiempo poco frecuentes en la historia nacional, sino su capacidad distributiva de los beneficios de este crecimiento. Este logro se debió a que la base principal del modelo aplicado en este período estuvo sustentada en la generación de empleo genuino. De esta manera, la inclusión en el sistema de trabajo de casi 5 millones de argentinos permitió que la desocupación se redujera del 24 al 8% y este proceso repercutiera en una disminución masiva de la marginación, la pobreza y la indigencia.
La implementación de un tipo de cambio favorable a las exportaciones y un conjunto de medidas económicas que fortalecieron el perfil productivo del país; el activo papel del Estado en la promoción de la actividad industrial, en el apoyo al desarrollo de las economías regionales y en la obra pública; el incentivo para privilegiar los vínculos económicos con los países de América Latina, el sostenimiento de una política fiscal que mantuvo el superávit comercial y fiscal y la puesta en marcha de procesos de mejora de la cobertura y la calidad en la educación, salud y las políticas sociales, fueron algunos de los pilares que sostuvieron este modelo.
La evolución de los datos macroeconómicos del período 2003/2007, la mejora de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, la superación de la crisis institucional y de representatividad que se vivió en el 2001/02 y el respaldo electoral obtenido en octubre del 2007, son algunos de los indicadores que confirman el éxito obtenido por las políticas aplicadas en esta etapa.
Ahora bien, es precisamente este éxito el que plantea nuevos desafíos para el período que conduce la Presidente Cristina Kirchner. Los avances obtenidos requieren de políticas y estrategias que tiendan consolidar y profundizar el camino transitado y el acceso a una nueva plataforma de bienestar coloca a la ciudadanía – y particularmente a los sectores medios de la sociedad- en condiciones de articular nuevas demandas.
Sin lugar a dudas, el principal desafío es la definición de un modelo que transforme profundamente la matriz de desarrollo que definió el crecimiento argentino de la segunda mitad del Siglo XX. Es necesario modificar un modelo que privilegió la producción de productos primarios, la exportación de comódities con bajo grado de elaboración, el deterioro de las condiciones de trabajo de la mano de obra y la especulación financiera. Para ello es imprescindible apostar a un crecimiento basado en agregar valor a la producción a partir de la capacidad de trabajo, innovación y creación científica de nuestra gente. La característica principal de este modelo de crecimiento es que no sólo permite un mayor impulso para la economía, sino que favorece que los beneficios de la misma se distribuyan más democráticamente, mejorando sustantivamente la distribución de la riqueza.
En esta perspectiva de desarrollo, la educación, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental. Son los insumos básicos para mejorar la competitividad del país y para generar cada vez más oportunidades laborales de alta calificación. Al mismo tiempo este modelo impide que, como ocurre en la actualidad, nuestro país se encuentre sometido a los ciclos propios de los mercados internacionales que son definidos prioritariamente según los intereses de los países centrales.
Es por ello que el importante crecimiento de la inversión educativa que permitió multiplicar por 4 los recursos para el sector en los últimos 5 años, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el fortalecimiento de su presencia, son algunos de los signos inequívocos que permiten proponer que estamos caminando en esta dirección. Las Leyes de Financiamiento educativo, de Educación Técnica y de Educación Nacional votadas después de profundos debates en la sociedad y por amplio consenso en el Parlamento Nacional, marcan objetivos y recursos comprometidos a mediano y largo plazo y pueden transformarse en un ejemplo de la instalación de Políticas de Estado que la democracia debe consolidar más allá del quien ocupe ocasionalmente el gobierno.
Cumplimos 25 años de democracia y estamos en vísperas del Segundo Centenario. Ambas celebraciones nos incitan a profundizar el debate -amplio, responsable, plural y sin prejuicios- acerca del país que estamos construyendo, de las políticas necesarias para saldar las deudas aún pendientes con nuestros conciudadanos y de las coaliciones políticas y sociales que deben ser base del consenso. La democracia, como la justicia, son siempre horizontes en construcción. Por eso, celebrar los avances que logramos es una forma de redoblar nuestros esfuerzos en favor de una sociedad cada día más democrática, más justa y más solidaria.
Daniel Filmus