Este nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas nos ofrece la oportunidad de hacer un ejercicio de memoria colectiva, nos une en el homenaje y el reconocimiento a quienes combatieron por la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía en las islas, especialmente a quienes dejaron su vida por esta causa. A su vez, esta fecha nos interpela para reflexionar sobre las estrategias que nos permitan retomar su legado y recuperar la soberanía sobre la integralidad de nuestro territorio y terminar con una de las últimas rémoras del colonialismo en el siglo XXI.
La reciente decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de elevar a nivel de Secretaría de Estado a la Cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes del Atlántico Sur pone de relieve la importancia estratégica que tiene este asunto.
El desafío principal de la nueva Secretaría es profundizar el importante trabajo que viene desarrollando la Cancillería en los últimos años. En primer lugar, continuar ampliando a través del trabajo diplomático el consenso internacional respecto de la necesidad de reabrir el diálogo bilateral con el Reino Unido en los términos planteados por la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que es muy clara en lo que respecta a colocar a la Cuestión Malvinas como un caso de ruptura de la integridad territorial donde el proceso de descolonización debe producirse a través del diálogo bilateral entre la potencia usurpadora y el país que vio cercenado su territorio.
Actualmente, la situación internacional una vez más ha colocado en evidencia el doble estándar con el que actúa el Reino Unido con el objetivo de perpetuar su posición colonialista. En este sentido, vale la pena analizar cómo se posicionó ante situaciones coloniales en las que estaba involucrado el principio de libre determinación de los pueblos: por ejemplo, de los 15 territorios actualmente bajo análisis del Comité Especial de Descolonización de la ONU (excluyendo Gibraltar y Malvinas), el Reino Unido negó su apoyo al 88% de las resoluciones que fueron adoptadas. Y en el caso de las ex colonias británicas que hoy integran el Comité como estados independientes, no apoyó ninguna de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
El Gobierno argentino y el trabajo de la Cancillería han persistido en la vía diplomática, lo que le valió el respaldo de múltiples organismos internacionales. La ONU, la OEA, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, el ALBA, las cumbres iberoamericanas, las cumbres de América del Sur con los países árabes y africanos, el G-77 más China, y las reuniones de parlamentarios europeos y latinoamericanos nos apoyaron con sus resoluciones.
Por otra parte, la nueva Secretaría va a profundizar el trabajo en defensa de los recursos naturales con el objetivo de impedir que aquellos bienes de la naturaleza que pertenecen a los 40 millones de argentinos sean expoliados por el Reino Unido. En este aspecto, recientemente se han logrado importantes avances en el ámbito legislativo a partir de la modificación de la Ley N´ 26.659, que incluye como delito penal a quienes exploren o exploten hidrocarburos en el Mar Argentino sin la autorización correspondiente.
Este aspecto desempeña un papel fundamental en la disputa, ya que no nos cabe duda de que son los intereses económicos, junto con la necesidad de contar con una poderosa base militar en el Atlántico Sur y afianzar territorialmente sus aspiraciones sobre la región antártica y el control del pasaje bioceánico, las verdaderas razones por las cuales el Reino Unido pretende mantener su presencia en la región.
Por último, la Secretaría trabajará fuertemente en consolidar la Cuestión Malvinas como política de Estado convocando a todas las fuerzas políticas y sociales a coincidir en el reclamo en el contexto de la Declaración de Ushuaia, que ha sido acordada y votada unánimemente por ambas Cámaras del Congreso Nacional en el año 2012. De ninguna manera puede tener éxito una política hacia la recuperación de la soberanía que sea concebida como patrimonio de un solo gobierno, partido o sector social.
Desde el año 1983, la democracia argentina trabaja en este sentido. Y en los últimos años, particularmente a partir de 2003, esta tarea ha cobrado nueva fuerza a partir de la coherencia entre la voluntad de diálogo y la recuperación de la soberanía integral de un país que hoy está sólidamente integrado a la región.
*Columna publicada en el diario El Cronista