Nota de opinión publicada en Infobae.
Por Daniel Filmus
Cada 2 de abril, los/as argentinos/as hacemos un alto en nuestras tareas para recordar y homenajear a nuestros compatriotas que dieron la vida defendiendo valientemente la soberanía sobre las islas Malvinas. También a aquellos que combatieron y llevan sobre sus cuerpos y sus mentes las indelebles huellas del conflicto armado. La deuda que Argentina tiene con los caídos, los veteranos y sus familias será para siempre y debemos seguir honrándola a través de la memoria y de la legislación que merecen.
Sin dudas, uno de los principales caminos para demostrar el reconocimiento a su lucha es seguir peleando por los ideales por los cuales combatieron y murieron: el mandato constitucional de recuperar, siempre a través del diálogo, la arrebatada soberanía argentina sobre las Malvinas.
Por ello, en esta fecha tan sentida es bueno hacer un análisis de la situación y de las condiciones que la Argentina tiene hoy para cumplir con esta asignatura pendiente. Sintéticamente, podemos comenzar planteando dos afirmaciones:
-La coyuntura internacional actual resulta crecientemente favorable a generar consensos que permitan la reapertura del diálogo con el Reino Unido en los términos planteados por la Resolución 2065 de la ONU.
-El Gobierno argentino desde la asunción de Mauricio Macri ha dado la espalda al reclamo de soberanía, manteniendo solo la formalidad de la demanda, abandonando muchas de las históricas posiciones que nuestro país sostuvo a escala regional y global, cediendo a todas las demandas que efectúa el Reino Unido.
Respecto de las condiciones a escala global debemos evaluar positivamente la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el caso del archipiélago de Chagos, en el océano Índico. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas emitió el 25 de febrero de este año su Opinión Consultiva sobre las «Consecuencias Legales de la Separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965», que había sido solicitada por la Asamblea General en 2017. La importancia de que los argentinos nos detengamos en este texto radica en el positivo impacto que los argumentos manifestados por la Corte pueden tener sobre nuestro diferendo de soberanía con el Reino Unido sobre las islas Malvinas.
Entre sus fundamentos, la CIJ estableció que el derecho a la libre determinación del pueblo de Mauricio se encuentra vulnerado por la violación del principio de integridad territorial cometida por el Reino Unido al convenir el desmembramiento de Chagos de Mauricio y su posterior arrendamiento a otro Estado independiente. La Corte también concluyó que el reasentamiento forzado y el impedimento de la población chagosiana de retornar a su territorio constituyó y constituye aún una violación a los derechos humanos.
La Opinión Consultiva da cuenta de la importancia de poner fin inmediatamente a las situaciones coloniales y reafirma la íntima vinculación entre la libre determinación de los pueblos, y el principio y la restitución de la integridad territorial. Este posicionamiento constituye un crucial precedente sobre la necesidad de respetar el derecho a la integridad territorial en los procesos pendientes de descolonización.
El pronunciamiento de la CIJ remite al caso del archipiélago de Chagos, pero sus fundamentos respaldan los argumentos esgrimidos por nuestro país en su histórico y legítimo reclamo por la soberanía de las Malvinas, diferendo que persiste desde la ocupación británica de las islas por la fuerza y la expulsión de la población civil y militar argentina, en enero de 1833.
El fallo también pone en evidencia el cambio de poder relativo del Reino Unido. Mauricio, un pequeño país de uno de los continentes más olvidados de nuestro planeta, ha logrado infligirle, por la fuerza de su derecho, no solo una derrota jurídica casi unánime (el fallo fue aprobado por 13 votos contra 1), sino también política. Este es otro de los elementos a tomar en cuenta en la actual coyuntura: los efectos del Brexit en la profundización del aislamiento y la condena internacional a las políticas colonialistas británicas.
El exitoso apoyo europeo a las demandas de España respecto de Gibraltar en el acuerdo por el Brexit es un claro ejemplo de las nuevas condiciones que deberá enfrentar el Reino Unido y de la pérdida de la solidaridad continental que, hasta ahora, le había permitido ejercer su dominio colonial. En la misma dirección avanza el reciente anuncio de la Comisión Europea con el objetivo de retirar la estación sensora del sistema europeo de navegación por satélite Galileo de las islas Malvinas, ya que «trabajan con datos que no pueden estar en un tercer país».
Pero el Brexit también golpeará fuertemente el comercio de las islas, ya que, entre las nuevas condiciones que deberán enfrentar, sus productos no podrán ingresar sin trabas aduaneras (principalmente la pesca en mar argentino) a los países europeos. Todo esto ocurre al mismo tiempo que se desmorona el consenso interno de Theresa May y de sus políticas conservadoras y colonialistas, y se fortalecen las alternativas planteadas por otras fuerzas que, como muchos sectores vinculados al laborismo, tienen más disposición al diálogo bilateral.
Mientras ocurren estos procesos, el Gobierno de Mauricio Macri desaprovecha una oportunidad histórica y, lejos de tomar en cuenta los cambios para avanzar en el reclamo por la soberanía, continúa aplicando estrategias basadas en el síndrome de Estocolmo. Estas políticas se basan en agradar o seducir a las potencias dominantes para que nos «incluyan» en un pequeño y subalterno espacio de un «orden internacional» que pretende perpetuarnos únicamente como los obedientes productores de materias primas.
Una de las condiciones que nos exigen para ocupar este lugar tan degradado es entregar nuestra soberanía y nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur, como se ha propuesto en el inconstitucional acuerdo Foradori-Duncan, que pasará a la historia como uno de los acontecimientos más vergonzosos de la política internacional de este gobierno. Otra condición que ha cumplido Macri es dejar de lado el reclamo en los organismos multilaterales por la soberanía de las riquezas de las islas que, como la pesca, los hidrocarburos, la biodiversidad y los minerales, pertenecen a los/as 44 millones de argentinos/as.
Como señalamos al comienzo del artículo, el 2 de abril debe ser un día de recuerdo y homenaje. Pero también de compromiso. Compromiso de no bajar nunca la bandera de soberanía por la que pelearon nuestros jóvenes, de no volver a derramar sangre por este justo reclamo y de perseverar en el camino del diálogo con el Reino Unido atendiendo, según establecen las Naciones Unidas, los intereses de los isleños. Porque, como dice nuestra Constitución: «La Nación Argentina ratifica su imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marinos e insulares (…) La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
El autor es diputado nacional. Ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería.