La decisión -recientemente anunciada- del gobierno de Macri de concluir la recolección diferenciada de residuos (secos y húmedos), constituye un retroceso lamentable en materia de gestión ambiental, que va a contrapelo de la tendencia unívoca desde hace décadas en los países desarrollados. Esto es así por, al menos, tres motivos.
En primer lugar, porque implica dar por tierra con lo que constituye la base de la gestión ambientalmente responsable de los residuos urbanos en cualquier gran ciudad del mundo: la separación en origen. Sin ello, el reciclaje de los residuos aprovechables resulta inviable desde el punto de vista logístico, cuando -desde la perspectiva de la ciudadanía porteña-, la separación en origen de los residuos no constituye más que un esfuerzo ínfimo en cada hogar.
En segundo lugar, es una medida incosistente con el reciente Decreto 760/08 dictado por el GCBA que establece una tarifa por la generación de envases (en rigor, «productos que con su uso se conviertan en residuos») so pretexto de incentivar su minimización. Dejando de lado la eficacia esperada de una medida de esta naturaleza (aislada en una ciudad), resulta al menos incoherente cobrar por la generación de residuos (envases) a los productores y –al mismo tiempo- dar marcha atrás con la segregación de los mismos en los hogares, que es lo que permitiría facilitar su reciclaje. En estos contextos, resulta difícil rehuir la suspicacia cuando se da casi simultáneamente la secuencia: a) cobro de “contribuciones” a los productores por los residuos –léase, financiamiento-, b) fin a la recolección diferenciada de residuos –léase, aumento del tonelaje de los residuos indiferenciados- y, c) vuelta al sistema de pago a las empresas por tonelada de basura recogida… Más claro…
En tercer lugar, constituye un pésima señal a la sociedad de parte de (quienes deberían ser) sus “líderes”. El mensaje “La recolección diferenciada de basura le sale mucha plata al Estado y no sirve para nada, porque cuando se abren los contenedores, todos los residuos están mezclados. Tampoco vamos a gastar plata en una campaña de concientización de la sociedad, porque el sistema evidentemente fracasó” (cita de Clarín del 30/6, pág. 34, declaraciones de Juan P. Piccardo, Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad) equivale, poco más o menos, a decir que se podrán en amarillo intermitente todos los semáforos de la Ciudad, porque el sistema evidentemente fracasó ya que muchos conductores los cruzan en rojo… Así como abordamos la seguridad vial con educación y controles públicos, no podemos menos que abordar la gestión ambiental con información, educación, concientización social y control público; los funcionarios públicos no tenemos derecho a darnos por vencidos tan fácilmente en temas vitales para la presente y próximas generaciones.
Por otra parte, hace poco más de dos meses (el 16/4) Clarín publicó una encuesta de la que surge que el 89,2% de los 13.164 porteños encuestados clasifican sus residuos o estarían dispuestos a hacerlo. Entonces, así las cosas, la conclusión del fracaso de la recolección diferenciada parecería explicarse más por la desidia e indolencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que por la falta de disposición de los propios ciudadanos. En otras palabras, la concreción de la profecía autocumplida: en tanto no se hizo nada para que tuviera éxito, se logró el fracaso.
Finalmente, resulta entre lamentable y sospechoso que faltando unos meses para el vencimiento de los contratos de recolección de basura, se opte por finalizar la experiencia piloto de recolección diferenciada, por volver a esquemas de pago por tonelada de basura recogida (actualmente se paga por “área limpia”) y se apunte a generar compromisos contractuales de 10 años (los vigentes duran 5); es decir, exactamente lo contrario a lo que esperaba la ciudadanía y las organizaciones ambientalistas: aprovechar la oportunidad fortaleciendo la concientización social del efecto ambiental positivo de la separación de residuos y elaborar en forma pública y transparente pliegos que sistematicen la recolección diferenciada en origen para favorecer el reciclaje, la reutilización y la minimización de residuos para disposición final, tal lo preceptuado en la Ley 1854. Resulta lamentable que se opte por comprometer la salud ambiental para las generaciones actuales (y, especialmente, las futuras) de la Ciudad (y, especialmente, sus vecinos).