La profundización del proceso político, social y económico iniciado en el año 2003 exige desarrollar un amplio debate acerca del modelo socioeconómico a diseñar y de las estrategias y los actores sociales necesarios para concretarlo. La envergadura del desafío que significa continuar avanzando en la construcción de una sociedad con mayor desarrollo económico y, al mismo tiempo, con crecientes niveles de justicia social, coloca a este debate en un lugar privilegiado de la agenda política actual. No se trata de una discusión que únicamente deba incorporar las problemáticas propias de la coyuntura.
Es imprescindible transformar la realidad actual planteando las estrategias de mediano y largo plazo que impidan reiterar los procesos pendulares y de rupturas permanentes que fueron una constante en la Argentina del Siglo XX.
En efecto, la historia Argentina del último Siglo es rica en procesos de crecimiento económico y de conquistas sociales que fueron seguidos de períodos que tiraron abajo los logros alcanzados. En numerosos casos estas rupturas significaron la discontinuidad del orden institucional y la instalación de gobiernos dictatoriales que impidieron la resolución democrática de los conflictos políticos y también atentaron contra los más elementales derechos humanos y la participación ciudadana.
Es por ello que transitar por el período más extenso de vigencia del orden democrático significa, sin lugar a dudas, la más importante y esperanzadora conquista del pueblo argentino. Sin embargo, este avance institucional no mostró en los últimos 25 años un correlato positivo tanto en lo que respecta a la transformación de las condiciones estructurales que produjeron el comportamiento errático de la economía, como en la mejora de los niveles de justicia social y de las condiciones socio-económicas de nuestro pueblo.
Aún en períodos de fuerte crecimiento del PBI, el modelo de acumulación llevado adelante evitó que los beneficios del desarrollo económico contribuyeran a mejorar la distribución del ingreso. La década de los’90 fue el ejemplo más significativo. A pesar de haber alcanzado una tasa de crecimiento anual del PBI del 5,5 entre los años 1992-98, el proceso culminó con los niveles más altos de concentración de la riqueza, desocupación y marginación social de la historia Argentina de las últimas décadas. Las políticas neoliberales inspiradas en el Consenso de Washington y que estuvieron basadas, entre otras medidas, en la apertura irrestricta de los mercados, las privatizaciones y la disminución del papel del Estado en la economía, la flexibilización del mercado laboral y el privilegio a la especulación financiera, mostraron su incapacidad para convocar a un proyecto nacional integrador. La crisis económica y política que se expresó en su máxima intensidad sobre fines del año 2001, significó el agotamiento total de este modelo.
Es por ello que la característica distintiva del proceso iniciado a partir del año 2003 no es únicamente su posibilidad de sostener un período de crecimiento económico de magnitud y extensión en el tiempo poco frecuentes en la historia nacional, sino su capacidad distributiva respecto de los beneficios de este crecimiento. Ello se debió a que la base principal del modelo aplicado en este período estuvo sustentada en la generación de empleo genuino. De esta manera, la inclusión al trabajo mayoritariamente formal, de casi 5 millones de argentinos permitió que la desocupación se redujera del 24 al 8% y que este proceso repercutiera en una disminución masiva de la marginación, la pobreza y la indigencia y en una redistribución progresiva de los recursos.
La implementación de un tipo de cambio competitivo y un conjunto de medidas económicas que favorecieron el perfil productivo del país; un activo papel del Estado en la promoción de la actividad industrial, en el apoyo al desarrollo de las economías regionales y en la obra pública; el incentivo para privilegiar los vínculos económicos con los países de América Latina; el sostenimiento de una política que mantuvo el superávit comercial y fiscal y la puesta en marcha de procesos de mejora de la cobertura y la calidad en la educación, salud y las políticas sociales, fueron los principales pilares que sostuvieron este modelo.
A pesar de las deudas que aún se mantienen con la concreción de un modelo de desarrollo productivo integral y con las necesidades no atendidas de una proporción importante de compatriotas, es mucho lo que se ha avanzado. La evolución de los datos macroeconómicos del período 2003/2007, la mejora de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, la superación de la crisis institucional y de representatividad que se vivió en el 2001/02 y el respaldo electoral obtenido por la fuerza política gobernante en las elecciones de octubre del 2007, son algunos de los indicadores que confirman el éxito obtenido por las políticas aplicadas en esta etapa.
Ahora bien, es precisamente este éxito el que plantea nuevos desafíos para el período que se inicia con la asunción de Cristina Kirchner. No sólo porque los avances obtenidos requieren de otras políticas y estrategias para poder consolidar y profundizar el camino transitado, sino también porque el acceso a una nueva plataforma de bienestar coloca a la ciudadanía, y particularmente a los sectores medios de la sociedad, en condiciones de articular nuevas demandas.
¿Qué modelo de país pretendemos construir? ¿Qué tipo de medidas socioeconómicas son necesarias llevar adelante para alcanzar este modelo? ¿Cómo complementar el crecimiento económico con una mayor justicia social? ¿Cómo lograr una integración territorial y económica que termine con los profundos desequilibrios regionales? ¿Qué coaliciones políticas y sociales es preciso diseñar para concitar los acuerdos programáticos y las fuerzas que se requieren para su implementación? ¿Cómo integrar el país a un mundo caracterizado por avances científico-tecnológicos sin precedentes? ¿Qué papel desempeñan la cultura y los medios de comunicación en esta nueva realidad? Estos son algunos de los interrogantes que es necesario abordar en una discusión amplia, plural y sin prejuicios, si es que aspiramos a protagonizar un proceso de crecimiento sostenido y de integración regional y social que permita incorporar la participación social plena al conjunto del pueblo argentino.
Con el objetivo de aportar a este debate y en el contexto de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de nuestra Nación, desde las Fundaciones Centro de Estudios Porteños (CEP) y Espacio de Ideas hemos convocado a las Jornadas “Argentina 200 años, un Modelo a Debatir”. Lo hemos hecho en el convencimiento de que es necesario concertar entre los principales actores nacionales y populares un núcleo central de ideas y estrategias que se constituyan en políticas de Estado. De esta manera se podrá sumar la fuerza social y política suficiente como para sostener en el tiempo el proceso de construcción del modelo más allá de los períodos electorales y terminar con las crisis cíclicas y los procesos pendulares a los que hicimos referencia anteriormente.
Las temáticas en torno a las cuales hemos conformado las mesas de presentación del primer capítulo de estas Jornadas de discusión plantean algunos de los ejes centrales en torno a los interrogantes anteriormente enunciados y constituyen algunos núcleos del debate argentino actual. Los aportes realizados por los panelistas que abordaron 6 de estos ejes se presentan en la actual compilación. Las intervenciones referidas al rol del Estado a nivel local y nacional serán publicadas en un próximo texto junto con el contenido de las segundas jornadas.
1. El primer desafío es, sin lugar a dudas, la definición de un modelo de país que transforme profundamente la matriz de desarrollo que definió el crecimiento argentino durante las últimas décadas del Siglo XX. Es necesario modificar un perfil de país que privilegió la producción de productos primarios, la exportación de commódities con nulo o bajo grado de elaboración, una creciente desindustrialización, el deterioro de las condiciones de trabajo y capacitación de la mano de obra y la especulación financiera. El debate en este punto se centra en cuáles son las estrategias más idóneas para apostar a un crecimiento que se base principalmente en la posibilidad de agregar valor a la producción nacional a partir de la capacidad de trabajo, innovación y creación científico-tecnológica de nuestra gente. La característica principal de este modelo de desarrollo es que permite un crecimiento sostenido de la economía, al mismo tiempo que favorece la posibilidad de que los beneficios de la misma se distribuyan más democráticamente, mejorando en forma sustantiva la distribución de la riqueza.
Un incipiente debate en este sentido comenzó a cobrar estado público a raíz del conflicto respecto a la renta agropecuaria. No fueron pocas las voces que se alzaron para defender la idea de que Argentina debía ocupar el lugar en el mercado internacional que le ofrecían los países centrales: productor y exportador de commodities. Muchos empresarios y especialista que defendieron esta posición apostaron a que el crecimiento de la demanda internacional y el aumento persistente de los precios de los productos primarios prometían “… no menos de 10 años de condiciones favorables para especializarnos aún más en este modelo…” Como hemos visto, las condiciones cambiaron bruscamente y la crisis financiera internacional echó por tierra la ilusión de que nuestro bienestar futuro requería que nos convirtiéramos por segunda vez en nuestra historia en el “granero del mundo”. Ahora bien, la crisis no sólo puso en evidencia la vulnerabilidad del modelo basado principalmente en la exportación de bienes primarios o con escaso grado de elaboración, sino que al mismo tiempo aportó nuevos elementos para la definición de estrategias de crecimiento sostenible. Hay que recordar, por ejemplo, que la crisis mundial de 1929 produjo como efecto no previsto en la región y en particular en nuestro país, un formidable proceso de sustitución de importaciones. Este proceso permitió abandonar el esquema de una economía exclusivamente agro-exportadora y complementaria del Reino Unido. Al mismo tiempo posibilitó el inicio de un proceso de industrialización que generó las condiciones necesarias para cambiar el modelo de acumulación y la estrategia de crecimiento. El desarrollo industrial, aunque incompleto favoreció el surgimiento de los nuevos actores sociales que produjeron a partir de mediados de la década del los’40 el cambio más profundo que sufrió la Argentina en materia de progreso económico y justicia social.
Es por ello que, a pesar de que la crisis financiera internacional genera un panorama inédito y crítico en lo que respecta a lo coyuntural y exige tomar medidas urgentes para evitar que sus efectos impacten sobre las condiciones de trabajo y de vida de los argentinos, también creemos que se puede analizar en clave de oportunidad. Se trata, entre otros aspectos, de asegurar que las medidas que se adopten para enfrentar la coyuntura favorezcan una estrategia de mediano y largo plazo que permita un desarrollo sustentable que potencie las capacidades endógenas y regionales de crecimiento y la posibilidad de integrar sin exclusiones a todos los argentinos.
Un ejemplo en este sentido lo constituye la discusión que se ha abierto a escala global acerca del papel de la intervención del Estado y la capacidad de autorregulación de los mercados. Abandonando sus tradicionales posiciones, numerosos economistas neoliberales y organismos de financiamiento internacional han comenzado a revalorizar el rol del Estado. Sin embargo, muchos de ellos proponen que esta intervención signifique mucho más un sustento a los sectores de la especulación financiera que una ayuda a los sectores del trabajo y la producción afectados por la crisis.
En nuestro país, el debate acerca de la posibilidad de recuperar un único sistema solidario de jubilación público y estatal y de utilizar los fondos provisionales como inversiones para el desarrollo genuino, puede ser interpretado como una expresión en el nivel local de esta discusión. Articular la decisión que al respecto ha aprobado el Congreso Nacional con una estrategia que redefina el rol del Estado como rector del desarrollo económico y garante de los derechos sociales y el bienestar, en aquellos aspectos que no puede resolver el mercado con un criterio de justicia social, parece ser la asignatura a abordar en lo inmediato.
2. ¿Es necesario y posible un proceso de concertación social para el diseño y construcción del modelo de país? ¿Qué actores sociales, políticos y económicos deberían formar parte de este proceso? Este ha sido el segundo de los temas que hemos puesto en discusión en las Jornadas. Entre otras, dos convicciones sustentan la inclusión de esta problemática en el debate. La primera de ellas es que la envergadura de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que exige nuestro país es de tal magnitud que necesita concitar un nivel de apoyo que trasciende perspectivas sectoriales y partidarias. La segunda convicción es que los tiempos necesarios para llevar adelante este proceso de cambio superan ampliamente los previstos en los calendarios electorales.
En este punto es necesario aclarar que la propuesta de concertación se aparta conceptualmente de la mirada ingenua que aspira al consenso. Concertar no significa pretender eliminar el conflicto o que se abandonen las identidades sectoriales o partidarias. Se trata de acordar entre los sectores sociales y las fuerzas políticas mayoritarias un núcleo central de ideas que constituyen el modelo del país al que se aspira y al que se comprometen a aportar desde las posiciones, características y miradas particulares que cada actor propone. El modelo de la concertación no supone la negación de las contradicciones de intereses y perspectivas entre los actores que participan en los acuerdos, pero sí aspira a que la resolución de estas contradicciones se concrete sin poner en juego en cada situación conflictiva el modelo acordado. Tampoco supone necesariamente la participación de la totalidad de los actores sociales y políticos en el proceso de concertación. Pero la inclusión de las grandes mayorías es imprescindible para garantizar la capacidad de continuar el proceso a pesar de los obstáculos que propondrán aquellos grupos económicos y sociales que se muestren antagónicos con el modelo. Parece evidente entonces, que la vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto por el papel que le corresponde a cada uno de los poderes del Estado conforman el sustento más importante conquistado en los últimos 25 años para posibilitar el avance hacia estrategias de concertación social y política.
Por otra parte, el debate propuesto sobre este tema también se aparta de la idea de que debe existir sólo una “gran arena nacional” que se convierta en el escenario exclusivo de la concertación. Es necesario consolidar y complementar los grandes lineamientos acordados a nivel macro a través de un tejido de articulaciones que atiendan las problemáticas concretas a resolver. Los mecanismos paritarios entre trabajadores y empresarios, los acuerdos de gobernabilidad y acción parlamentaria, los proyectos integrados de desarrollo productivo sectorial, los pactos que permitan mejorar la calidad del papel del Estado en relación con la comunidad en servicios esenciales que requieren largos períodos de transformación como la educación y la salud, y los propios acuerdos de coparticipación, desarrollo federal y regional, constituyen algunos ejemplos de la necesidad de instalar la concertación como dinámica propia del conjunto de los actores sociales. El fortalecimiento de esta perspectiva de acción política requiere también la creación de mecanismos de participación popular que impulsen el protagonismo y el compromiso de la población más allá de las instancias electorales.
La experiencia mundial y la propia historia argentina muestran que la capacidad de superar las situaciones de crisis y de emprender verdaderas “epopeyas nacionales” que necesariamente significan transformaciones profundas, está íntimamente vinculada a la madurez política de las dirigencias que supieron hacer prevalecer los grandes intereses nacionales y articularlos con sus propias potencialidades de desarrollo y crecimiento político, regional y sectorial. En estos contextos, la vocación de servicio público, la voluntad de diálogo y la capacidad de autocrítica de la dirigencia pasan a ser insumos privilegiados para el éxito de los procesos.
3. El siguiente debate que propusimos en la Jornada estuvo vinculado a la necesidad de concebir nuestra integración al mundo a partir de una perspectiva regional. Es evidente que la conformación de un escenario multipolar, en el cual la integración al orden económico global se realiza en base a grandes bloques regionales con perspectivas comunes, exige de una mirada que supere nuestras fronteras y abarque el MERCOSUR y la recientemente creada UNASUR. Lejos de imaginar una articulación idílica entre nuestros países, es necesario tomar en cuenta tanto las historias, lazos linguísticos y culturales y objetivos estratégicos comunes, como afrontar los intereses divergentes que en muchas áreas muestran los procesos socio-económicos y políticos en la Región.
Estamos ante una oportunidad histórica, una gran cantidad de países latinoamericanos emprendieron procesos políticos y sociales que promueven horizontes coincidentes en dirección a generar un modelo de crecimiento sustentable, basado en el reconocimiento de la identidad cultural, en la justicia social y una vocación de autonomía capaz de priorizar la integración regional. Con características particulares cada uno, en el conjunto de los países del MERCOSUR han triunfado gobiernos populares que representan el anhelo de cambio de sus poblaciones. Acompañan este proceso otras naciones de la región, de Centroamérica y el Caribe. La potencialidad que presenta la articulación de las capacidades complementarias que tienen nuestros países aún no se ha explotado ni valorado suficientemente. En el ámbito de la cooperación comercial, productiva, energética, científica y tecnológica existen enormes condiciones para sumar experiencias y esfuerzos en dirección a atender los problemas que generan las asimetrías y encarar un futuro común basado en la colaboración y la solidaridad. Ello no implica desconocer que, como ha ocurrido recientemente con Brasil en la Ronda de Doha, subsisten intereses divergentes respecto de las protecciones que deben aplicarse a algunos sectores industriales y que no pocos actores nacionales, fundamentalmente empresariales ambicionan sacar ventajas, haciéndolos prevalecer. En este punto el papel de la integración cultural y educativa juega un rol fundamental para alcanzar el objetivo de generar una conciencia latinoamericana que permita vencer los recelos y prejuicios en los que hemos sido históricamente formados.
En nuestro país existe un alto grado de consenso acerca de que es imprescindible la articulación regional para mostrarnos al mundo en condiciones de presentar nuestras propias perspectivas económicas, sociales y culturales. La intensificación del intercambio económico; la posibilidad de realizar las transacciones comerciales en nuestras propias monedas; la articulación de estrategias comunes frente a los organismos internacionales, la crisis financiera y la defensa de nuestra producción y mano de obra regional ante los peligros del libre mercado, son importantes pasos en la dirección señalada. La reciente resolución en los marcos institucionales de la propia Región tanto del conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela como de la crisis política que vivió el Presidente Evo Morales en Bolivia también constituye un ejemplo novedoso y trascendente de los avances logrados en la Región.
Es probable sin embargo que, como señalaron diferentes participantes de las Jornadas, estemos lejos aún de los niveles de integración alcanzados en otras partes del mundo y relativamente atrasados respecto de los objetivos que nosotros mismos nos hemos propuesto al crear los organismos regionales. El contexto del Bicentenario, que es una conmemoración que celebran también otros países latinoamericanos, aparece como un excelente marco en el cual debatir conjuntamente y a fondo aquellos aspectos sobre los cuáles aún no se ha alcanzado el consenso y donde las contradicciones de intereses merecen la realización de un esfuerzo común para hacer prevalecer las historias, culturas, proyectos y utopías que nos unen.
4. Junto con la integración regional, también parece existir un consenso creciente en que el cambio de modelo socio-económico hacia una sociedad más desarrollada e igualitaria exige privilegiar el papel que desempeñan la educación, la ciencia y la tecnología. El contexto global muestra que la aplicación a los procesos productivos de las vertiginosas transformaciones científicas y tecnológicas se ha constituido en la principal fuente de riqueza de las naciones. Las materias primas, el capital y la explotación de mano de obra barata han dejado de ser los factores que explican el desarrollo económico. El rasgo común de los países que más han crecido en las últimas 2 décadas ha sido una importante inversión en educación, ciencia y tecnología.
Pero el debate acerca de la educación no se focaliza únicamente en su aporte al crecimiento económico. La educación es probablemente el único bien cuya distribución igualitaria contribuye a consolidar los 4 pilares básicos que exige un nuevo modelo de país: la formación de ciudadanos críticos y participativos en condiciones de convivir en un contexto de institucionalidad democrática, la transmisión de valores que permiten sostener y recrear una identidad local, regional y nacional en un contexto de creciente globalización cultural, la igualdad de oportunidades de todos los argentinos y la elevación de los niveles de justicia social y, por último, la formación de trabajadores y profesionales altamente capacitados, en condiciones de asumir los desafíos de la productividad en un contexto de constante transformación tecnológica.
La concertación y la construcción de políticas de Estado parecen fundamentales en educación y en el campo científico y tecnológico donde los resultados de las inversiones y los cambios sólo pueden mostrar sus efectos en el mediano y largo plazo. Este ha sido un aspecto en donde la historia reciente ha mostrado importantes logros. Se ha avanzado en la construcción de un amplio consenso que quedó reflejado en el apoyo plural que tuvieron las aprobaciones de las Leyes de Educación Técnica, de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional. El sobrecumplimiento por parte de la Nación y de la gran mayoría de las provincias de las metas fijadas para el financiamiento educativo que está en sus máximos niveles históricos alcanzando el 5,5% del PBI y la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva son 2 de los avances que permiten proponer que estamos caminando en la dirección correcta.
¿Cuáles son las estrategias que permitan asegurar que el crecimiento de la inversión en educación muestre su correlato en una sustantiva mejora de la calidad para todos los argentinos?, ¿cómo articular más la educación y la ciencia con el mundo del trabajo?, ¿en qué áreas es necesario focalizar la inversión científica para ser competitivos frente a naciones que invierten muchos más recursos que los nuestros?, ¿cómo integrar nuestros trabajos de investigación con otros países de la región y con los argentinos que trabajan en ámbitos de excelencia fuera del país a los efectos de potenciar los resultados?, y ¿cómo incentivar la inversión privada en el ámbito científico-tecnológico para alcanzar niveles similares a los que muestran otros países vecinos como Brasil? Estas son algunas de las problemáticas que es necesario profundizar en el debate que proponemos con motivo del Bicentenario.
5. La historia de los casi 200 años que tiene la Argentina también puede ser relatada como la historia de la profundización de las desigualdades regionales. La combinación del federalismo político con una fuerte hegemonía económica concentrada en el puerto y en la pampa húmeda fue produciendo a lo largo de los años una brecha que en muchos casos dificulta la posibilidad de reconocer a las diversas regiones y poblaciones como partes integrantes de una misma comunidad nacional. La yuxtaposición de las desigualdades regionales y sociales conforma un mapa que potencia los extremos de pobreza y riqueza según la pertenencia a una determinada región del país. Los indicadores de desarrollo económico y humano y en particular las estadísticas respecto a las carencias de ingresos, salud y educación plantean con crudeza la magnitud de la marginación en la que viven muchos de nuestros compatriotas por el hecho de estar alejados de determinados centros urbanos. Tampoco parece ser mejor la situación por la que atraviesan quienes se han acercado a las grandes ciudades en busca de trabajo y de la protección del Estado.
No existe ninguna posibilidad de construir un modelo de país desarrollado e igualitario sin tomar como eje central del debate de este modelo la necesidad de atender las enormes desigualdades regionales. Este debate va mucho más allá de saldar la histórica deuda respecto de garantizar un régimen de coparticipación justo y equitativo que delegó la Constituyente del ´94 en el Congreso Nacional. La definición de una planificación estratégica del desarrollo territorial que incorpore las dimensiones locales en las posibilidades de progreso económico y social es imprescindible pero no suficiente. Su implementación no puede quedar librada a la lógica del mercado o a la capacidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales locales. El papel del Estado nacional y de los gobiernos provinciales es fundamental tanto en lo que hace a la conducción conceptual y material del proceso, como en el aporte de recursos. Esto implica contar con políticas de fortalecimiento y asistencia a los gobiernos municipales, elaborar estrategias de descentralización política y administrativa factibles y graduales, continuar aportando recursos para el desarrollo de la infraestructura básica y otorgar las facilidades crediticias que permitan la diversificación y la integración de las estructuras productivas en cada una y entre las distintas regiones del país. Lo local es, por excelencia, el ámbito donde se construyen diariamente los espacios democráticos que permiten generar aquellas identidades y valores compartidos, donde más fácilmente se ponen en juego las capacidades de concertación de políticas y acciones entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. Al mismo tiempo es donde se encuentran los mayores desafíos para iniciar la innovación y la diversificación en actividades productivas que promuevan los propios actores locales a partir de su territorio y de las capacidades de su gente.
Las políticas neoliberales aplicadas en los ´90 y que tuvieron consecuencias sobre las economías, los gobiernos y las sociedades locales, respecto de los desequilibrios regionales expresaron su perspectiva afirmando que en la Argentina existían “provincias que no eran viables”. Llegaron a esta conclusión a partir de usar como único parámetro la capacidad de integrarse por sus propios medios a una economía globalizada. Frente a estas concepciones, el debate del bicentenario no puede dejar de definir el perfil de desarrollo de cada una de las regiones a partir de lo más valioso que ellas poseen: la capacidad y potencialidad de sus pueblos. Este es el principal parámetro que debemos utilizar a la hora de concebir el futuro de cada una de ellas en un contexto de país sólidamente integrado.
6. Por último, en este texto también incluimos las intervenciones acerca del papel de la cultura y de los medios de comunicación en la Argentina del Bicentenario. El riesgo de abordar esta temática en la actual coyuntura es circunscribirla únicamente al papel político que desempeñan los medios y a su relación con el gobierno y a la necesidad o no de modificar la Ley de Radiodifusión. Sin subestimar la importancia de esta discusión, es necesario enfatizar que el objetivo de incluir la problemática cultural y de los medios de comunicación implica también incorporar al debate aspectos tan diversos y sustantivos para la construcción de un proyecto de Nación como los mecanismos de producción y reproducción de la cultura y la identidad nacional, la capacidad de sostener esta identidad en un contexto de globalización cultural que parece irreversible, el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la socialización de las nuevas generaciones, la vinculación del Estado con los medios de comunicación y con las industrias culturales, la necesidad de preservar las culturas originarias y las tradiciones, el rol de los intelectuales y de los artistas en los procesos políticos, etc.
Se ha sostenido, y nosotros compartimos la idea, que si un país no tiene un proyecto cultural propio es porque está siguiendo el proyecto cultural que definió otro país. Sin pretender saldar la polémica acerca de que si es lo cultural lo que determina las condiciones de desarrollo económico o viceversa, la inclusión de esta temática en el debate de los 200 años de la Argentina remite, sin lugar a dudas, a retomar 2 Siglos de discusión acerca de la conformación de nuestra identidad e inclusive acerca de los cuestionamientos de la propia existencia de la misma. Después de todo, no son pocos los que sostienen que en estos códigos genéticos estaría predeterminado nuestro destino inexorable o nuestra vocación hacia el fracaso o el éxito.