La cooperadora escolar es el lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro país, para participar en la escuela y colaborar con ella en su tarea pedagógica. Y constituye el mecanismo más idóneo que tenemos para apoyar a la escuela pública. Por eso presentamos un proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, que les otorga reconocimiento legal y contempla sus objetivos, funciones, integrantes, regulación y registro por parte de las jurisdicciones correspondientes.
La participación de las familias en la escuela es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con los docentes, con los directores y con los alumnos. Así se conforma la comunidad educativa, mediante la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto institucional para cada establecimiento.
La cultura de la década pasada estuvo signada por el individualismo, el personalismo y la reticencia a la participación. Como consecuencia, parte de la cultura cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de ayuda y de cooperación. El mayor desafío de las cooperadoras radica en multiplicar la participación de los padres, después de largos años de escepticismo y desconfianza hacia los asuntos públicos.
En este momento en que el Estado está reasumiendo su papel en la educación, en el que está recuperando sus responsabilidades y protagonismo, resulta central impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy importante en esta tarea. Se trata de pensar la educación como una construcción colectiva, obra de toda la comunidad: maestros, autoridades, padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento de la democracia en todas sus expresiones. En muchos momentos de la historia del movimiento cooperador esas organizaciones sociales cubrieron, suplieron, y paliaron ausencias de las obligaciones del Estado en las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es garantizar junto a las indelegables responsabilidades del Estado, más participación social, en este caso de toda la comunidad educativa.
A partir del nuevo contexto nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve indispensable relanzar el andamiaje institucional de las asociaciones cooperadas a partir de ejes convocantes para la participación de la comunidad escolar. Esto será posible recuperando lo mejor de su experiencia y construyendo un marco normativo que las contenga y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización, constituye un paso fundamental.
El presente proyecto permite consolidar el propósito de Ley de Educación Nacional, Nro. 26.206, en el sentido de asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles, así como también garantizar la participación de la comunidad educativa en el marco de los proyectos educativos institucionales, con el fin de que las familias colaboren en la mejora de la calidad educativa apoyando la tarea de los docentes. El proyecto de Ley de cooperadoras Escolares contempla los objetivos y funciones de las mismas, sus integrantes y su regulación, reconocimiento y registro por parte de las jurisdicciones correspondientes.
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la participación de las familias en la escuela y crear, desde las instituciones, mecanismos y estrategias que inviten a los padres y madres a integrarse a la comunidad educativa. Por un lado, porque consideramos que la participación enriquece a la escuela. Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan por la educación de sus hijos, contribuyen a la transmisión en acto del valor de la educación.