El senador porteño por el Frente para la Victoria Daniel Filmus manifestó que “al haber rechazado la transferencia del subte, el Jefe de Gobierno parecería haber olvidado las normas vigentes en la materia, a pesar de haber firmado un acta acuerdo en enero que cita toda la legislación existente y haber dispuesto la suba de tarifas basándose en dicha legislación».
Filmus señaló que desde 1979 los subtes pertenecen a la órbita de la Ciudad, según lo establece la ley 22.070 que transfirió SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) a la entonces Municipalidad porteña. Desde esa fecha la Ciudad tiene la competencia en la regulación y control del servicio, y la potestad de fijar tarifas porque expresamente la ley lo acuerda.
El senador también recordó que la plataforma del PRO del 2007 proponía transferir “inmediatamente el contrato de concesión de Metrovías sobre la operación de Subterráneos de Buenos Aires» y la de 2009 que «el Gobierno de la Ciudad debe poder fiscalizar y controlar el transporte público de la Ciudad para poder implementar una verdadera política integral de tránsito y transporte. En ninguno de los dos casos reclama transferencia de recursos como en cambio sí exige en el caso de la Policía”
“Macri tergiversa el sentido del proyecto que envió ayer el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, dado que este sólo ratifica que la Ciudad debe reasumir las facultades que la Nación ejerció desde que se concesionó el servicio en 1993 en el contexto de la política de privatizaciones de los servicios públicos”
Luego de consagrada la autonomía de la Ciudad, esta aceptó a través de la ley 373/2000 aprobada por la legislatura porteña reasumir la facultad de control, fiscalización y cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión del subte, que la Nación le devolvió, por decreto 393 de 1999.
El Acta Acuerdo que Mauricio Macri firmó es el último eslabón necesario para reasumir esas competencias. «Macri se olvida de la legislación y de sus promesas de campaña. Los que queremos verdaderamente la autonomía de la Ciudad respaldamos este proyecto que nos permite avanzar en el proceso que inició Néstor Kirchner y continuó Cristina, con tres transferencias de competencias penales a los juzgados porteños y la posibilidad de crear la Policía Metropolitana.»
Asimismo, el proyecto enviado ratifica en su artículo 2 que a la Ciudad le corresponde el control y fiscalización de los transportes que nacen y mueren en la Ciudad, como ya lo había establecido la ley Cafiero en su artículo 9, al reservar para la Nación sólo el control del transporte interjurisdiccional.