El desalojo de las familias que vivían en un edificio de Paseo Colón al 1500 realizado el 2 de marzo de 2009, pone una vez más en el centro del debate la política en materia habitacional y social de la gestión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
En enero – en el marco del veto de la ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del Gobierno – el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta afirmó en declaraciones radiales que «despacito, en silencio, se van haciendo los desalojos».
A partir de septiembre de 2008, con el Decreto Nº 1165 que establece prestaciones en dinero para las familias que abandonen sus viviendas, comenzaron las intimidaciones con desalojos administrativos evitando, de este modo, la vía judicial. Esta fue la modalidad utilizada en la expulsión de Paseo Colón, sin orden judicial, bajo la figura de «desalojo administrativo», sin aviso previo.
A su vez, y contrariamente a las declaraciones televisivas que realizó el jefe de Gabinete porteño, el desalojo no se produjo con «total normalidad». Además de la presencia policial, las familias fueron retiradas a la fuerza por personal de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), organismo creado por Macri por el Decreto Nº 1232/8, que los faculta para «mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes» y «colaborar operativamente en mantener el orden».
En el último año, algunos desalojos fueron frenados gracias a los recursos de amparo presentados ante la justicia: por ejemplo el caso de 70 familias que el Gobierno de la Ciudad pretendía desalojar de la traza de la ex Autopista 3 y que, el juzgado Nº 5 del Fuero Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Elena Liberatori, impidió intimando al Gobierno a proveer una solución habitacional a los vecinos.
Sin embargo, muchos otros desalojos fueron realizados – como Rodríguez Larreta declaró – en silencio, despacio. Es el caso de las 68 familias de Barracas, de otras 40 de los terrenos de la ONABE en Caballito, de unas 200 familias del barrio de Retiro, y tantas otras que los medios de comunicación no registran y de los cuales no hay cifras oficiales. Muchas de las familias desalojadas se encuentran organizadas en cooperativas que vienen reclamando – sin resultados desde 2008 – el cumplimiento de la Ley Nº 341 la cual plantea que «el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria».
En 2008, las cooperativas no recibieron los fondos que ya estaban presupuestados para iniciar la autoconstrucción de sus viviendas. En 2009, ni siquiera lograron inscribirse ya que les informan que no hay presupuesto asignado.
Como ya se planteó en informes previos realizados por el Centro de Estudios Porteños (CEP), la gestión de Macri se ha caracterizado por una falta de planificación en el área de vivienda. El gobierno porteño traspasó las nuevas construcciones en villas porteñas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a la Coorporación del Sur, lo que dejó serias dudas acerca del destino de los planes de vivienda aún postergados.
El IVC concentró los créditos para la compra de viviendas sólo para familias de sectores medios-bajos, con ingresos entre $2500 y $4500, según palabras del titular del Instituto. Con la excepción de las villas 31 y 31 bis, desafectaron al IVC de la planificación de la urbanización de las villas y asentamientos de toda la zona sur de la Ciudad.
A pesar de que en campaña Macri había declarado que en poco tiempo iba a dar solución a los problemas habitacionales de villas y asentamientos, en más de un año de gestión no se construyeron nuevas viviendas, ni se llevaron adelante proyectos de urbanización.
La prohibición de construcción y amenaza de demolición de las viviendas de la villa 31 – sin participación ni consenso de los habitantes- o la demolición de las viviendas en la manzana 5 del barrio Fátima, en Villa Soldati, sin la adjudicación de viviendas a las familias que quedaron sin hogar (lo cual también llevó a la intervención de la justicia a partir de un recurso de amparo), son muestras de la falta de un plan de viviendas serio, integral y participativo.
Un párrafo aparte merece la creación de la mencionada UCEP, que según los propios funcionarios del Ministerio de Espacio Público, lograron «limpiar» las plazas porteñas de intrusos carentes de vivienda. Esto ha llevado a diversas denuncias, tanto desde la Legislatura porteña como de particulares, sobre los modos violentos, amenazantes e intimidantes de actuar de este grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, no sólo es cuestionado el accionar de los agentes del gobierno, sino también la propia ambigüedad normativa que facilita en algún sentido estas conductas.
Siguiendo la Resolución Nº 5187/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, «la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone en relación al derecho a una vivienda digna y hábitat dar prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos así como promover la integración urbanística y social de los pobladores marginados (art. 31º).» (…) «Hay que considerar que la ocupación en la vía pública no implica obstrucción de la misma, con lo cual las personas que se encuentran en situación de calle ocupando el espacio público pero sin obstaculizar el mismo permitiendo la accesibilidad, al ser expulsadas del lugar por medios que escapan a la mera persuasión -amenazas y uso de la fuerza-, se ven obligadas a abandonar el lugar, sin poder dirigirse a otros ámbitos atento a que no poseen los medios y tampoco ellos le son proveídos, en principio, por el Estado local.» (…) «Esta necesidad habitacional no es contemplada por la norma, la cual únicamente dispone el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores sin profundizar en la situación de emergencia, riesgo y vulnerabilidad social que atraviesan estas personas.»
Coincidimos con la Resolución citada en que si al Gobierno de la Ciudad le preocupa la protección del espacio público (como en diversas oportunidades fue declarado por el titular de la cartera, el ministro Juan Pablo Piccardo), el modo de cuidado de este espacio público no puede ni debe ser realizado a partir de la expulsión de las personas a través de modos opuestos al marco de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En todo caso, debe realizarse por medio de los programas sociales específicos de los que dispone el Gobierno de la Ciudad y en el marco de los derechos humanos y la protección de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y exclusión.
En este sentido, concluimos que además de encontrarnos frente a un problema de emergencia habitacional y falta de planes de vivienda y urbanización de villas y asentamientos, nos hallamos a la vez con la falta de garantías de los derechos de las familias que se encuentran en esta situación habitacional. En primer lugar el derecho a una vivienda digna.
Los modos consensuados y cooperativos que enmarcan entre otras, la Ley Nº 341, permiten a las personas ser partícipes de la búsqueda, conjuntamente con el Estado, de la solución a su problema habitacional. Actualmente, en algunos casos se les otorgó a las familias un subsidio de $7000 en otros, sólo se las dejó en la calle. Nos preguntamos qué vivienda puede adquirirse con ese monto, dónde están viviendo la gran cantidad de familias desalojadas o las personas expulsadas de plazas, y cuáles son las consecuencias que este tipo de política pública tiene en la vida de estas personas. Además, cientos de niños, niñas y adolescentes expulsados se encontraban escolarizados en el momento del desalojo. En algunos casos, de palabra, los funcionarios plantearon la garantía de una vacante, pero sin determinar el establecimiento educativo donde se efectivizaría. No hay informes del cumplimiento de este acuerdo. De todas maneras, sabemos del riesgo de abandono escolar cuando se trunca una trayectoria educativa, especialmente para los niños y niñas más vulnerables. Alumnos y alumnas ya integrados con sus docentes y sus compañeros, que con una historia escolar son obligados a insertarse en otra escuela.
Asimismo, tampoco hay información de políticas educativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de estos alumnos que son –en el mejor de los casos- trasladados compulsivamente a otro establecimiento.
El derecho a una vivienda digna, a la educación, al trabajo son derechos humanos. Sin políticas planificadas en estas áreas, lo que se logra es expulsar a la población más vulnerable de viviendas que ya no poseían las condiciones mínimas de habitabilidad, sin otorgarles en su lugar la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Es posible imaginar que la consecuencia de esta acción por parte del Gobierno sea que muchas de estas familias y personas que son desalojadas, no tengan más opción que la de instalarse en nuevos asentamientos precarios, sólo que ahora alejados de las plazas céntricas o de los terrenos con alto valor inmobiliario.
Las problemáticas de seguridad que tanto nos preocupan a los porteños y las porteñas, están – entre otros factores – fuertemente ligadas a las situaciones de expulsión y marginación que sufre nuestra población. “Sacar o limpiar” los problemas habitacionales sin políticas sociales, educativas, de viviendas, integrales e inclusivas, puede llevar nuevamente a nuestra sociedad a las situaciones de exclusión social que hemos vivido en décadas pasadas.