Columna de opinión publicada en Infobae.
En febrero del 2016, cumpliendo con la ley de financiamiento educativo (LFE), el recién asumido Gobierno de Mauricio Macri convocó a la paritaria nacional docente. La exitosa negociación salarial permitió un inicio de clases sin conflicto. En el año 2017, en cambio, el Gobierno evitó reunir esa paritaria. El conflicto docente que generó esta actitud tuvo como consecuencia la pérdida de más de 15 días de clase en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En esta última hacía más de 15 años que no se registraban paros de maestros.
¿Por qué el Gobierno de Cambiemos no repite en este inicio de clases la fórmula que en el año 2016 evitó los conflictos? ¿Por qué desconoce, ahora por decreto, la LFE que los propios diputados del PRO oportunamente defendieron y votaron en el Parlamento nacional?
El argumento del Gobierno es falaz. Afirma que no tiene sentido que el Gobierno nacional negocie los salarios, porque los docentes dependen de las provincias. No es así. En la paritaria nacional docente las autoridades nacionales también negocian los salarios con los sindicatos y el Consejo Federal de Educación, que está compuesto por los ministros de todas las provincias. En su artículo 10 señala: «El Ministerio juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente».
La verdad es otra. Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) acerca de la inversión educativa en Argentina nos brinda elementos para comprender las verdaderas razones por las cuales las actuales autoridades no convocan a las paritarias docentes nacionales, lo que viola la LFE.
El trabajo del Cippec muestra que, luego de duplicarse la inversión educativa en el período 2003-2015, entre otras razones por el papel que jugó la LFE, en el año 2016 la tendencia se revirtió: «Es el último año el que mayor disminución presenta (8%)». Este informe señala que el ajuste aplicado a la educación en el primer año del Gobierno de Mauricio Macri es uno de los mayores desde el inicio del nuevo siglo.
Otro aporte que realiza la investigación del Cippec es poner en evidencia las enormes desigualdades de inversión educativa entre las provincias. El promedio de las seis provincias con mayor gasto por alumno estatal es casi tres veces superior al promedio de las seis provincias con menor gasto por alumno. Esto genera importantes diferencias en torno al salario docente.
Precisamente, con el objetivo de disminuir estas desigualdades que impactan fuertemente en las condiciones laborales docentes y en la calidad educativa que brindan las distintas provincias, la LFE incorporó la posibilidad de acordar un piso salarial común para todo el país y creó el Programa de Compensación Salarial (PCS). Este programa permitió que, desde el año 2006, el Gobierno nacional apoyara financieramente a las provincias con menores recursos y más necesidades, a los efectos de alcanzar el piso salarial consensuado en las paritarias nacionales.
Los datos brindados en dicha investigación también permiten analizar que, después de haberse casi duplicado los salarios a valores constantes entre el 2003 y el 2015, en el año 2016 los sueldos de los docentes argentinos cayeron en promedio el cinco por ciento. Aunque el informe no alcanza a presentar lo que ocurrió en el 2017, los datos oficiales de la inflación conocidos estos días respecto del último año significan una nueva pérdida del sueldo de los maestros. Queda claro entonces que el primer objetivo del Gobierno de Mauricio Macri al eliminar la paritaria nacional es disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos y seguir castigando el salario docente. De hecho, la oferta del 15% de aumento que realizó la provincia de Buenos Aires y la del 12% que realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estos días no alcanzan a compensar la inflación prevista para este año.
Pero el segundo objetivo de la eliminación de la paritaria nacional es profundizar la desigualdad entre las provincias, lo que favorece a las que más recursos poseen y que están gobernadas por Cambiemos. ¿Cómo logra el Gobierno nacional este objetivo? Derivando los fondos que corresponden al PCS y que están dirigidos a cubrir una parte de los salarios docentes de las provincias más pobres hacia el Fondo Incentivo Salarial Docente (FIS), que se distribuye según la cantidad de docentes que tiene cada provincia. De acuerdo con el informe de Cippec, del total de los recursos destinados por el Estado nacional a los salarios docentes, el porcentaje dedicado al PCS disminuyó en los últimos dos años abruptamente, del 23 al 6 por ciento.
Además, esta situación se agrava en la distribución presupuestaria prevista para el año 2018. En este caso, los fondos destinados al PCS se han reducido al 2,3% de la totalidad de recursos destinados a salarios docentes. ¿Cuánto perjudica a las provincias más pobres este tipo de distribución? Si el Gobierno nacional hubiera mantenido el 23% para el PCS, las nueve provincias con mayores necesidades recibirían en el presente año 5.290 millones de pesos para afrontar el piso salarial común. Pero con la nueva distribución recibirán solamente 550 millones para este fin.
De esta manera queda claro cómo el Gobierno de Mauricio Macri, al eliminar la paritaria nacional docente, cumple su objetivo de desigualar más aún la distribución de recursos. Minimiza el efecto del Programa de Compensación Salarial de tal manera que en el año 2018 las provincias más pobres dejan de percibir 4.740 millones de pesos que van a parar mayoritariamente a las provincias más ricas. Cabe destacar que casi el 60% de los recursos del incentivo docente se concentran en las cinco provincias más grandes y con más recursos, cuatro de las cuales están gobernadas por Cambiemos. Esta distribución regresiva de los recursos va en la dirección contraria a los objetivos propuestos por la ley de educación nacional y la LFE.
Estamos a tiempo. El Gobierno nacional puede evitar la pérdida de días de clase. La educación debe ser política de Estado y las leyes deben cumplirse. Esperamos que la importancia de la escuela no se agote en los discursos y que el diálogo permita el normal desarrollo del ciclo lectivo.
El autor es diputado nacional, bloque FpV-PJ.