Columna de opinión publicada en Tiempo Argentino.
El Reino Unido ha llevado adelante una nueva provocación realizando recientemente ejercicios militares en la bahía y el brazo de San Carlos, en las Islas Malvinas, donde, con la participación de la Fragata HMS Iron Duke y otras fuerzas militares desplegadas de manera permanente, se dispararon 136 proyectiles. Esta política de demostración de poder de fuego, por parte de las autoridades británicas, constituye un claro avasallamiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. También implica un desconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la voluntad de los gobiernos de la región, que en numerosas ocasiones han condenado este tipo de acciones militares.
En el caso de las Naciones Unidas, viola la Resolución 2065 que plantea la solución por la vía del diálogo bilateral entre Argentina y el Reino Unido del conflicto de soberanía y la Resolución 31/49, cuyo articulado llama a las partes a abstenerse de producir modificaciones unilaterales en la situación mientras esté pendiente de resolución el proceso de negociación recomendado por la ONU. Pero, al mismo tiempo, tampoco escucha el reclamo de la comunidad internacional expresado en las declaraciones efectuadas contra el despliegue militar británico por el Mercosur, la Unasur, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), entre otros.
La reunión ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), que agrupa a todos los países latinoamericanos y africanos con costas en el Atlántico Sur, en su reunión de Montevideo de 2013, ha sido enfática en manifestar su preocupación ante el refuerzo de la presencia británica en la región.
Nuestro canciller Héctor Timerman ha denunciado este año en el Comité de Descolonización de la ONU que la presencia militar británica en las Islas significa la más grande base al sur del paralelo de 50 grados Sur y una provocación inadmisible para todos los pueblos con vocación de Paz.
La democracia argentina siempre ha planteado como política de Estado que la única vía para la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas es la diplomacia y la paz. Esta convicción ha sido reafirmada por todas las fuerzas políticas y los bloques parlamentarios al votar unánimemente en el Parlamento nacional la Declaración de Ushuaia en el año 2012.
Esta vocación de resolución pacífica del diferendo ha sido reiterada por Cristina Fernandez de Kirchner en numerosas ocasiones. En cada una de esas intervenciones públicas, la presidenta convocó al Reino Unido a reanudar el diálogo en los términos planteados por las Naciones Unidas.
Por supuesto que estas provocaciones militaristas del Reino Unido no harán cambiar la posición del pueblo argentino. Por el contrario, lo fortalecen en su convicción de que es necesario continuar en la lucha por la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas y que la misma siempre tiene que ser llevada adelante por medios diplomáticos y pacíficos.