Durante el pasado mes de enero, tomó estado público que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, había vetado en sólo un mes dieciocho leyes aprobadas por la Legislatura. Se trataba de leyes en su mayoría aprobadas por unanimidad y que implicaban importantes avances en materia de derechos humanos y sociales. «En aquel momento dijimos que, mientras los diputados nacionales de PRO criticaban al gobierno nacional por los vetos de la presidenta Fernández de Kirchner, la actitud de Macri revelaba no solo un fuerte desprecio hacia el rol legislativo sino tambien una contundente señal de autoritarismo aún al interior de su propio partido, al cual maneja con rasgos de verticalismo empresarial, dado que las iniciativas habian sido respaldadas por el bloque de legisladores del PRO» explicó al respecto el senador Daniel Filmus.
Pero la situación resulta ser más grave si extendemos el análisis en el tiempo. Desde que asumió la gestión al frente de la Ciudad, Macri impugnó 49 leyes , el 87% de las cuales habían sido apoyadas por su propio bloque. Peor aún, en algunos de los casos, por ejemplo las leyes N°3274 y N°3101 fueron votadas y vetadas dos veces, y en ambas ocasiones el macrismo de la Legislatura acompañó dichas iniciativas.
Dado que el veto es una facultad del Poder Ejecutivo a la que se suele acudir en última instancia para limitar al Poder Legislativo o dirimir algún tipo de conflicto cuando los gobiernos no tienen mayoría parlamentaria, cabría preguntarse por qué, si el bloque del PRO tiene mayoría automática en la Legislatura, Macri necesita utilizar la herramienta del veto para impedir la entrada en vigencia de iniciativas aprobadas por ese cuerpo. Según analizó Filmus, «teniendo en cuenta ese contexto político, puede afirmarse que se trata de un abuso o de un uso indiscriminado de este recurso, que revela
la falta de comunicación o vinculación entre el Jefe de Gobierno con su propio bloque, ya que al parecer ambos poderes no comparten los lineamientos y políticas para la ciudad que gobiernan».
Como consecuencia de ello-continuó- «se genera una destrucción de los consensos alcanzados en el ámbito legislativo porteño, además de desdibujar el rol del bloque oficialista de la Ciudad cuyas posturas carecen de consistencia al no ser avaladas luego por el Jefe de Gobierno. Esto ocasiona un serio resquebrajamiento institucional, ya que el Ejecutivo termina deslegitimando el rol del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires».
«Estas circunstancias nos conducen a pensar que el problema se encuentra en la construcción del espacio político que gobierna la Ciudad, ya que el Ejecutivo y sus legisladores parecen no compartir las propuestas legislativas ni el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la vida de los porteños y porteñas», expresó.
<b>Derechos humanos y sociales</b>
En materia de derechos humanos, por ejemplo, hubo importantes leyes vetadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la que crea el Comité para la Prevención de la Tortura; la que otorga los subsidios para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; la que crea el Registro de Ex Presos Políticos; la que instaura los Foros de Seguridad Pública (Fosep); la que crea la Oficina contra la Trata de Personas; la que crea el Fondo para la Localización y Restitución de Niños y Niñas Secuestrados/as o Nacidos/as en Cautiverio en la Argentina; o la que adopta medidas para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios.
Macri vetó también un grupo de leyes que apunta a fortalecer los derechos sociales. Por ejemplo la Ley de Emergencia Habitacional que disponía la creación de un fondo para soluciones habitacionales provisorias o definitivas y la suspensión de los desalojos. En este terreno impugnó la creación del Laboratorio estatal de producción de medicamentos en el ámbito de la Ciudad que tenía la función de elaborar medicamentos genéricos con bajo costo.
Otro veto importante en esta temática fue la modificación de la ley de beneficiarios del programa » Becas para Educación Superior» para egresados del nivel medio de establecimientos de gestión estatal y privada. Esta ley ampliaba el acceso para la obtención de las mismas
También se vetó la ley de cruces vehiculares a desnivel para dar accesibilidad a los peatones en condiciones ambientales y circulatorias para aquellos ciudadanos con necesidades especiales.
«El veto a tantas leyes en tan poco tiempo no sólo es grave por el deterioro institucional que supone desoir las decisiones de la Legislatura y de sus propios legisladores; es grave también porque la mayoría de las iniciativas vetadas eran leyes sustantivas que significaban importantes avances en políticas públicas sobre derechos humanos y sociales. En este sentido los vetos en cuestión marcan claramente una dirección ideológica contraria a la ampliación de derechos, a la inclusión social o a la solución de los problemas de los más necesitados, como la gestíón de Macri ya viene demostrando con diferentes expresiones», concluyó Filmus.