El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre puso de relieve la ausencia de controles en las construcciones y la desaprensión del gobierno en lo que hace a la protección de nuestra integridad. Por Daniel Filmus Senador Nacional – FPV Buenos Aires.
El modelo de Estado que propone el gobierno de Mauricio Macri se puso nuevamente en evidencia en estos días, con una doble cara que desnuda su esencia neoliberal y autoritaria. El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre, por un lado, y el conflicto por el sistema de designación y promoción docente, por otro, ponen de relieve las principales características del Estado que encarna el actual gobierno de la Ciudad.
Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un cuadro de abandono que se evidencia, no sólo en la falta de políticas públicas que solucionen los problemas de sus habitantes, sino también en la desaprensión y descuido por la vida y seguridad de las personas derivados de la ausencia de controles mínimos.
Nos preocupa desde los inicios de la actual gestión de gobierno que no se pongan en marcha un conjunto de medidas que hagan del Estado de la Ciudad una institución ágil y eficiente, capaz de intervenir para controlar aquellos aspectos que los intereses del mercado por sí mismo no resuelven en función del bien y la seguridad de todos. No se trata de un debate teórico acerca del papel del Estado. La diferencia respecto del modelo de Estado que se viene implementando desde 2003 a nivel nacional, también se manifiesta respecto de la utilización o no de las herramientas concretas que tiene el Estado para cuidar y proteger a su pueblo, principalmente a quienes más lo necesitan. Un Estado que se repliega, que está ausente en los controles y regulaciones que exige la convivencia ciudadana, termina siendo un Estado que nos pone en riesgo, que nos coloca en peligro.
El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre, que es sólo uno de los 13 derrumbes de los últimos meses, puso de relieve la ausencia de controles en las construcciones y la desaprensión del gobierno en lo que hace a la protección de nuestra integridad. Escuchamos incrédulos que Mauricio Macri, en un principio, declaró: “Por fortuna, hubo una sola persona desaparecida.” Lamentablemente, luego de comenzar la búsqueda tres días después del derrumbe, casi una semana después de la tragedia, el cuerpo de Isidoro Madueña fue encontrado sin vida. ¿Es esa la importancia que el jefe de gobierno le da a la vida de su gente? ¿Qué podemos esperar entonces de cuestiones que tienen que ver con mejorar una ciudad que nos pueda albergar con igualdad y justicia? Macri se sigue comportando, como en anteriores situaciones, como el presidente de una ONG y no como el jefe de gobierno, desligándose de su responsabilidad ejecutiva. Cuando, como en este caso, no puede echarle la culpa al gobierno nacional, busca responsabilizar a los profesionales y la constructora, por un lado, y descargar incumbencias en la Legislatura por otro. Se trata de un Estado muy distinto a ese que nos imaginamos cercano, atento, preocupado, con capacidad para escuchar las demandas y las contribuciones de sus habitantes; y que también sea capaz de anticiparse a los problemas.
Pero hay algo que nos parece aún más grave, y es que el Estado despreocupado y ausente que encarna Mauricio Macri tiene una contracara peligrosa. Esa contracara es el Estado policíaco que se inmiscuye en la intimidad de las personas e interviene en cuestiones que la democracia nos enseñó a arbitrar con mecanismos transparentes y cuidadosos de los intereses del conjunto. Un Estado que hace listas negras con sus alumnos y docentes, que hace inteligencia con las escuchas ilegales o con las llamadas telefónicas que inducen a engaños para ganar una elección.
Un Estado que en estos días se propone cambiar la legislación que regula democráticamente la designación de los docentes, para poder nombrarlos discrecionalmente desde el poder. Que dispone seleccionar a dedo a aquellos que debieran ser elegidos transparentemente por sus antecedentes y capacidad pedagógica. Dijimos que la lucha de los docentes merece nuestro apoyo porque están defendiendo un sistema de designación que prioriza los antecedentes académicos, la trayectoria, la experiencia pedagógica y no las afinidades políticas con los gobiernos. Las Juntas de Clasificación que Macri pretende eliminar son organismos que están contemplados en el Estatuto y que garantizan la transparencia en las designaciones y los concursos de la carrera docente. La actitud del gobierno porteño de derogar el sistema parece querer retrotraerse a épocas dictatoriales, cuando primaba la designación a dedo y la subordinación de los docentes al poder político. Cabe destacar que cualquier alternativa seria que implique actualización tecnológica y desburocratización del proceso de calificación y designación docente contará con el apoyo de todos y exige un proceso de diálogo y consenso, principalmente con los principales involucrados, los maestros y profesores.
Estado ausente y Estado autoritario son el anverso y el reverso de un gobierno que no controla al mercado ni a las corporaciones, pero sí pretende hacerlo con sus habitantes. Un Estado despreocupado por la suerte que puedan correr sus ciudadanos, sobre todo los más desprotegidos, pero muy preocupado en intervenir para controlar, escuchar ilegalmente, espiar e imponer arbitrariamente a los docentes. En definitiva, un Estado que no puede evitar que se desmoronen los edificios, pero al mismo tiempo pretende tirar abajo los mecanismos que aseguran la democracia que tanto nos costó recuperar.
Fuente: Tiempo Argentino