Columna de opinión publicada por el diario Tiempo Argentino.
Por Daniel Filmus
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que amplía la obligatoriedad escolar a la sala de cuatro años del nivel inicial y universaliza la sala de tres, constituye un paso trascendente para generar las condiciones que permitan igualar las posibilidades de todos los niños y niñas del país. Al mismo tiempo, muestra una marcada coherencia con las políticas públicas llevadas adelante desde 2003. En el ámbito educativo, muchas de estas políticas estuvieron dirigidas a ampliar las oportunidades de escolarización en aquellos niveles a los que los sectores populares tenían menores posibilidades de acceso y terminalidad.
El creciente cumplimiento de la Ley 1420 permitió que durante el siglo XX el nivel primario alcanzara una cobertura prácticamente universal. Sin embargo, en los primeros años de la década pasada, tanto el nivel inicial como el segundo ciclo del secundario mostraban bajas tasas de incorporación de alumnos, lo cual exigía fuertes políticas educativas dirigidas a su masificación. Las políticas llevadas adelante en los últimos años presentan resultados alentadores en torno al cumplimiento de los objetivos que, en esta dirección, marcaron las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional.
Si comparamos los datos de 2003 con los actuales, es posible observar que la matrícula en la sala de tres años aumentó un 50,8 por ciento. En la última década, en la sala de cuatro la matrícula creció un 58%, alcanzando una tasa de escolarización del 81,5 por ciento. La sala de 5, por su parte, amplió su cobertura del 78,8% a su casi universalización. Por otro lado, los jóvenes incrementaron la participación en la escuela media hasta alcanzar el 89% de cobertura entre los 12 y los 17 años.
En este contexto, si partimos de la concepción de que los niños están en condiciones de aprender desde los primeros días de vida, la decisión de impulsar el ingreso de todos a la escuela a más tardar a los cuatro años, implica una apuesta fuerte para favorecer la igualdad en las trayectorias educativas y, por lo tanto, en sus oportunidades para integrarse plenamente en la sociedad.
Mucho se ha debatido acerca de si la escuela contribuye a igualar las oportunidades de los niños y jóvenes o, por el contrario, profundiza y reproduce las desigualdades de origen. Desde nuestra perspectiva, las profundas desigualdades existentes en la sociedad no son generadas por la escuela. Ellas son consecuencia de la aplicación de modelos de desarrollo que distribuyen de modo inequitativo los bienes económicos y culturales, de acuerdo a la posición de cada uno en la estructura económica y social. Siguiendo esta perspectiva, es posible proponer que uno de los grandes problemas de la escuela es que la fuerza igualadora de su accionar y del trabajo de los docentes –en la mayor parte de los casos– no alcanza para revertir las profundas desigualdades con las que los niños que provienen de diferentes sectores socioeconómicos acceden al colegio.
Los chicos ingresan al sistema educativo con profundas desigualdades, tanto desde el punto de vista material como el cultural y simbólico. Las diferentes condiciones de vida y de socialización cultural generan, en quienes provienen de hogares con condiciones más precarias, una desventaja de una magnitud tal que dificulta seriamente el papel igualador que la sociedad atribuye a la escuela. La desigualdad respecto de los capitales culturales, los códigos linguísticos, y del acceso a los libros y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, son algunos de los factores de origen que deben enfrentar los docentes cuando los niños acceden por primera vez a la escuela. Sin lugar a dudas, cuando la incorporación al primer grado de la primaria viene precedida no sólo de condiciones de socialización favorables en el hogar, sino también de varios años de escolarización en el nivel inicial, la ventaja frente a quienes no han transitado por estas oportunidades es enorme.
Es por ello que, cuanto más temprano es el ingreso al sistema educativo, mejores condiciones de desarrollo y aprendizaje tendrán los niños provenientes de los hogares más pobres. Los resultados del cumplimiento de la obligatoriedad de la sala de cuatro años del nivel inicial, repercutirán en la elevación de la calidad de la educación que podrán aprovechar estos niños a lo largo de su trayectoria escolar.
Cabe destacar que no se trata de un desafío de características únicamente cuantitativas. Para que el objetivo igualador de esta medida pueda ser efectivo, es necesario que la educación inicial que reciban los niños que provienen de familias que históricamente fueron marginadas de la sala de cuatro, sea de alta calidad, asegurando la mejor infraestructura y condiciones pedagógicas adecuadas.
Al mismo tiempo, hay que enfrentar la tradición histórica a partir de la cual se crearon instituciones educativas para edades tempranas más pensadas en «guardar» o «depositar» a los niños para favorecer la incorporación de las madres al mercado de trabajo, que en las características pedagógicas que deben tener estas instituciones para desarrollar sus capacidades de aprendizaje, expresión y socialización. Es por ello que, como lo ha planteado el ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, y como está plasmado en la Ley de Educación Nacional, es necesario avanzar en la creación de escuelas infantiles de alta calidad, que abarquen la escolarización integral desde los 45 días de vida hasta el ingreso a la escuela primaria. Sin lugar a dudas, es en las zonas rurales y en los sectores urbano-marginales donde el desafío de universalizar estas instituciones es mayor.
Finalmente, es necesario destacar que este tipo de políticas democratizadoras que lleva adelante el gobierno son cotidianamente «ninguneadas» por quienes intentan mostrarnos que a pesar del aumento de los niveles de inversión educativa, producto del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, la situación está cada vez peor. Son los mismos que cuando tuvieron que gobernar sólo concibieron a la educación como variable de ajuste y, desde 1966 en adelante, nos sometieron a una creciente debacle de la tradición educativa y científico tecnológica de alta calidad que supo desarrollar nuestro país. Son los que añoran la época en la cual buena parte de más del 6% del PBI que hoy se dedica a educación iba a parar a manos de quienes concentraban las riquezas del país o a pagar la deuda externa. Son quienes en 2003 nos dejaron un sistema educativo nacional totalmente desintegrado, con docentes desjerarquizados, escuelas sin clases y niños que concurrían a ellas en busca de un comedor.
La estrategia es clara: convencer a la sociedad de que no tiene sentido invertir en educación, porque más recursos no aseguran la elevación de la calidad educativa. Nos están anticipando, más allá de sus discursos grandilocuentes, qué harían ellos si llegan al gobierno: reducir la inversión y volver a las políticas que colocan a la educación como un bien que se debe distribuir con lógica de mercado. Es decir, profundizar desde la escuela las desigualdades sociales con las que los niños acceden a ella.
Por ello, hoy más que nunca es necesario difundir, apoyar e impulsar políticas democratizadoras como las que Cristina acaba de implementar, propiciando que todos nuestros niños, sin excepción, puedan incorporarse a la escuela desde la edad más temprana posible, con condiciones de enseñanza y aprendizaje que garanticen trayectorias educativas de calidad.