Son muchas las estrategias necesarias para promover la igualdad de las condiciones educativas y para que todos los alumnos y alumnas transiten su escolaridad en escuelas que hagan posibles aprendizajes reales y significativos. Las escuelas deben tener las condiciones que permitan contener y acompañar a alumnos y docentes. Entre otras cosas, resultan primordiales tanto una infraestructura edilicia que permita desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en un ambiente saludable y de calidad; como los recursos y los materiales didácticos necesarios. para que los estudiantes accedan y permanecezcan en la escuela.
En relación al primer aspecto, el gobierno de Mauricio Macri contó con la sanción, en noviembre de 2007, de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal. La norma tenía como objetivo la refacción de los edificios escolares para el comienzo del ciclo lectivo 2008 y con ese fin otorgó nuevas facultades a la nueva gestión y aumentó los gastos destinados a infraestructura escolar. Sin embargo, esta medida no ha redundado en absoluto en un mejor estado de las escuelas: finalizando agosto, aún no se ha dado respuesta a las situaciones de mayor gravedad, como los problemas de calefacción o la falta de gas.
El segundo aspecto, se relaciona directamente con el otorgamiento de becas escolares. Muchas causas llevan a que los niños, adolescentes y jóvenes no puedan completar su escolaridad. Algunas tienen relación directa con la escuela; otras adquieren una complejidad mayor, relacionada con la vida social. La causa más injusta es la pobreza, cuando impide que el acceso, la permanencia y el egreso de los niños y jóvenes más vulnerables.
En este aspecto, la política del gobierno de Macri va en sentido contrario a la tendencia que- tanto en la Ciudad como a nivel nacional- se ha desarrollado en los últimos años. En el ámbito nacional, se duplicaron las becas de retención para el nivel secundario y se crearon los programas de inclusión escolar, con becas y apoyo a las instituciones. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en 2001 se creó el Programa de Becas, que beneficiaba inicialmente a 6000 alumnos y creció hasta alcanzar a 60.000 chicos en 2007. Asimismo, en el 2004, se crearon las Escuelas de Reingreso, con el fin de reinsertar a los jóvenes que se encontraban fuera del sistema.
El presente año comenzó con un cambio de políticas que generó un deterioro en el sistema de entrega de becas. Primero, hubo un retraso inusual en la entrega de los formularios. Para mediados de año aún no se había recibido respuesta a las más de 50.000 solicitudes. Cuando finalizó el operativo, pudo conocerse que la cantidad de becas que se otorgarían alcanzaría a menos de la mitad de los estudiantes que la habían recibido el año anterior.
Según informaron los funcionarios a los medios de comunicación, se había aumentado el monto de la beca, pero no el presupuesto destinado al programa, por lo que se cubrirían 17.000 becas de 600 pesos y 13.000 de 800, (30.000 en total). Aumentó el monto de la beca (incremento que se reconoce como necesario) pero con la condición de recortar la cantidad de beneficiarios. Según el ministro de Educación, Mariano Narodowski, se debe a un cambio en los criterios de la asignación, que hace que se seleccione a los beneficiarios a través de una nueva ponderación, pero dichos criterios no se conocen
A su vez, el Ministerio de Educación había comenzado en tres escuelas un proyecto piloto que le concede a la Fundación Cimientos el manejo del otorgamiento y gestión de las becas a estudiantes secundarios. El objetivo es extenderlo paulatinamente y llegar al final de la gestión con la tercerización de la entrega, operatividad y control de la totalidad de las becas.
Es también conocido el conflicto que existe en el seno del Programa de Becas: dificultades y errores existentes en la carga de los datos (para la cual se contrató una empresa privada), en la ponderación e incluso, en la falta de pago de los salarios a los equipos contratados para estas tareas. Al mismo tiempo, las escuelas denuncian que muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad, cuya escolaridad está en riesgo, no accedieron a la beca. Han presentado la situación en los medios de comunicación, en la Defensoría y ante los legisladores. El cuadro se repite en cada establecimiento: alumnas embarazadas que necesitan de este recurso para continuar su escolaridad, jóvenes de escuelas de reingreso, adolescentes para cuyas familias es muy difícil sostener la permanencia en la escuela.
La situación de desproporción de asignación de becas varía: en algunas zonas se aceptaron menos del 30% de las solicitudes, pero la desigualdad se profundiza en los Centros de Enseñanza de Nivel Secundario (CENS), donde asisten adultos que intentan terminar su escolaridad. Allí el porcentaje de pedidos rechazados es del 80%. Todo esto desató conflictos en las escuelas secundarias, donde ya existía previamente una situación de malestar por el deterioro de los edificios escolares.
La protesta comenzó con la toma de la Escuela Normal N° 2 «Mariano Acosta». El Ministerio de Educación para evitar que la protesta se extendiera, dispuso que los días de clase perdidos se recuperarían los sábados o en diciembre. Las autoridades, ignorando la causa se centraron en el efecto. La reacción de diversos centros de estudiantes fue inmediata: en los días sucesivos varias escuelas secundarias se sumaron. La rígida actitud del Gobierno profundizó el malestar, al suspender las clases en los establecimientos tomados, prohibiendo a los docentes permanecer en los mismos, consignando los nombres de los alumnos que participaron de las tomas y judicializando el conflicto.
La situación resulta preocupante: la protesta de alumnos y alumnas podría convertirsemediante una correcta intervención de los adultos- en un espacio para construir conjuntamente acuerdos y compromisos que involucren a todas las partes intervinientes. La presencia de los docentes, la participación de los padres, el acompañamiento de las autoridades permitiría utilizar educativamente los hechos y promover de este modo el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Sin embargo, el autoritarismo de la respuesta no hace otra cosa que agravar el conflicto, ya que deja de lado el origen del reclamo. El verdadero problema radica en los miles de alumnos y alumnas cuya educación esta en riesgo por una medida que vulnera el derecho de muchos estudiantes de poder ir a la escuela e incumple la obligación de asegurar las condiciones para que esto sea posible.
Poner el centro de atención sobre el modo de protesta y no sobre el origen de la misma, es rehuir el verdadero debate acerca de una política pública que tienda a la igualdad, la inclusión y la justicia social. Si el Gobierno de Macri postula otros criterios de asignación, debería plantear de manera clara cuáles son esos criterios y permitir el debate. No imaginamos qué razones pueden ser tan poderosas como para ponerlas por encima de derecho de los niños y jóvenes a completar sus estudios.