Columna de opinión publicada en Infobae.
Por Daniel Filmus
Este 2 de abril recordamos y homenajeamos a nuestros veteranos y caídos en Malvinas en un contexto muy particular. Por un lado, lo hacemos compartiendo la emoción de quienes han accedido al derecho a identificar a los familiares que cayeron combatiendo por la soberanía y hoy descansan en el cementerio de Darwin, en Malvinas. Por otro, recordamos a nuestros soldados con una profunda preocupación, porque vemos que nuestro Gobierno está bajando la intensidad del reclamo por la recuperación del ejercicio de la soberanía en las islas, por la cual ellos dieron su vida.
Respecto de la identificación de los caídos, hay que destacar que las emocionantes imágenes que hemos visto en estos días son producto de un largo trabajo que comenzó hace seis años. En ese momento, la presidente Cristina Fernández atendió el reclamo de los familiares que durante décadas pidieron infructuosamente saber en qué tumba descansaban sus hijos, sus hermanos o sus padres. Aunque el Gobierno de Mauricio Macri lo ha ocultado, asistimos al final de un proceso que exigió un gran trabajo del Estado por encontrar a cada familiar en los lugares más recónditos del país, para obtener la muestra de ADN que permitiera su identificación. Este trabajo, que se realizó en forma conjunta con la Cruz Roja, también requirió de la elaboración de propuestas técnicas y diplomáticas que permitieron que el Reino Unido, después de 35 años, accediera a este elemental derecho humano que reclamaban los familiares.
Me correspondió, como secretario de Estado de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, llevar adelante una parte de esta tarea encomendada por la Presidente y el canciller, tanto frente a la Cruz Roja como al Gobierno británico. Para ello, contamos con el invalorable apoyo técnico del Equipo Argentino de Antropología Forense. Hoy vemos con satisfacción que todos esos esfuerzos de familiares, organizaciones de ex combatientes y autoridades tuvieron continuidad en el actual Gobierno. Concebir esta demanda como política de Estado permitió satisfacer un reclamo que, lejos de ser una concesión del Reino Unido, es un derecho cuyo logro fue postergado durante décadas.
Donde no vemos una continuidad de las políticas de Estado es en la exigencia por la recuperación de las negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas en los términos planteados por la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Mauricio Macri es el primer presidente de la democracia que no incluyó este reclamo como una prioridad de la política exterior argentina en su discurso inicial frente al Parlamento al asumir el cargo. Este «olvido» fue continuado por la disolución de la Secretaría de Estado que se dedicaba al tema, el intento de que el 2 de abril se transformara en un feriado móvil y el abandono o la baja de la intensidad de la inclusión de la demanda en todos los foros y los organismos internacionales donde participa nuestro país.
En un primer momento el argumento fue intentar evitar el veto británico a la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de la ONU. Sin embargo, a pesar de las concesiones realizadas por el Gobierno, el veto existió y demostró que las conductas basadas en la seducción a la potencia colonialista y la manifestación de una especie de síndrome de Estocolmo que pretende agradar al usurpador no dan resultado.
Pero, sin lugar a dudas, el hecho más grave e históricamente más difícil de reparar es el acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 por ambas cancillerías. En dicho documento, que al realizarse en forma de comunicado conjunto pretende ilegalmente desconocer el papel del Congreso de la Nación Argentina, nuestro país se compromete a cumplir con los dos reclamos que la primera ministra Theresa May hiciera apenas asumió en una carta dirigida a Macri. En el acuerdo se asume el compromiso de «establecer conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países» y «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». En otras palabras, Argentina se compromete a cumplir con las demandas de la potencia que usurpa el archipiélago desde 1833 y no incluye ninguno de sus propios reclamos, ni siquiera los que están avalados por las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Un gobierno cuyo presidente y principales ministros han reconocido que tienen gran parte de su patrimonio fuera del país con este acuerdo ha demostrado que su corazón también está más allá de nuestras fronteras.
A partir de la firma de ese comunicado conjunto, el Gobierno de Macri solo se ha preocupado por facilitar las condiciones que permitan que los británicos, desconociendo la resolución 31/49 de la ONU, puedan apropiarse de los recursos naturales de las islas y de la plataforma continental argentina, que pertenecen a los 44 millones de compatriotas. En esta dirección, ha dejado de plantear la problemática en los organismos internacionales que ya se habían manifestado dando la razón a nuestro país respecto del derecho a defender sus riquezas. Con el mismo objetivo paralizó en la Justicia las causas que el Estado había iniciado exitosamente frente al delito cometido por las empresas petroleras que, con autorización británica, están explorando hidrocarburos en aguas territoriales argentinas del Atlántico sur.
Por otra parte, el ilegítimo gobierno de las islas ya anunció un acuerdo de pesca con el Gobierno de Macri que todos los argentinos desconocemos. De esta manera, la Cancillería acepta el argumento británico de que las trabas al desarrollo económico del Atlántico sur y de Malvinas provienen de la legislación y el reclamo argentino. El verdadero y único obstáculo al desarrollo de las islas y sus habitantes es la usurpación colonial que sostiene el Reino Unido en pleno siglo XXI. Una de las pocas situaciones de colonialismo territorial que reconocen las Naciones Unidas desde 1966 casi por unanimidad. Solo la prepotencia del poder económico y militar explica que tamaña injusticia permanezca vigente en la actualidad.
Cabe aclarar que estamos convencidos de que Argentina debe sostener las mejores relaciones posibles con el Reino Unido y con quienes viven en el archipiélago, siempre que ello no implique retirar el reclamo por la soberanía que propone nuestra Constitución o permitir que se lleven nuestras riquezas en hidrocarburos, pesca o biodiversidad. Hay que ser innovadores y creativos en propuestas que permitan recuperar el diálogo por la soberanía que en algún momento existió, y prometió un horizonte de paz, tolerancia y respeto a los intereses de los actores involucrados.
Comenzamos este artículo señalando la emoción de compartir el sentimiento de los familiares por la identificación de los soldados caídos en la lucha por la soberanía. Estamos seguros de que el mejor homenaje que podemos hacerles es seguir su legado y continuar reclamando por la integridad territorial de nuestro país, siempre por la vía pacífica. Se trata de una causa justa y, por ello, con el consenso de todos los argentinos, el apoyo regional y global más temprano que tarde tendrá una justa resolución.
El autor es diputado nacional. Fue secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas durante el gobierno de Cristina Kirchner.