El próximo martes 20 de abril se conocerá la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que Argentina y Uruguay mantienen por la aprobación de dos plantas de celulosa, una de la empresa española ENCE y otra de la finlandesa Botnia, por parte del Uruguay en la margen izquierda del río del mismo nombre en la zona de Fray Bentos frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
Se trata, sin duda, de una decisión ansiada tanto porque resolverá un problema que ha estado presente en la relación bilateral durante los últimos 7 años dificultando de algún modo su fortalecimiento y profundización, pero al mismo tiempo porque iluminará el camino de cómo Argentina y Uruguay deberán retomar la administración conjunta del recurso natural compartido que constituye el Río Uruguay para que pueda ser disfrutado por las generaciones venideras.
Recordemos que el Gobierno argentino recurrió al máximo tribunal de las Naciones Unidas con el apoyo del Congreso expresado por medio de sendas declaraciones adoptadas por el Senado y por la Cámara de Diputados de la Nación luego de que el Canciller Jorge Taiana expusiera ante ambas Cámaras la naturaleza de la controversia y la imposibilidad hasta ese momento de resolverla por vía de las negociaciones directas. Al recurrir a la Corte, Argentina pidió a ésta que reivindicara la interpretación correcta y tradicional del Estatuto del Río Uruguay de 1975, tratado internacional bilateral que regula el aprovechamiento y la conservación del Río Uruguay y su ecosistema.
Esa interpretación no puede ser otra que la que surge del propio texto del Estatuto, y que es que los emprendimientos industriales que por su envergadura y características pueden causar un impacto sensible al río o al otro país, deben consultarse previamente a la otra parte. No se puede negar que dos emprendimientos destinados a producir dos millones de toneladas de pasta de celulosa por año, situados justo en frente a una ciudad de cien mil habitantes y a una importante zona balnearia y turística, caen indefectiblemente entre los emprendimientos que deben ser consultados.
Si la Corte se pronuncia, como Argentina confía, en el sentido de que Uruguay ignoró y violó el Estatuto, ello constituirá una reafirmación de que el Gobierno del entonces Presidente Kirchner hizo lo correcto al demandar al Uruguay, a pesar de las voces que todavía hoy se escuchan que, sin conocer bien el caso o por intereses puramente sectoriales, se alzan en contra de esa decisión.
Una decisión de la Corte del tenor esperado implicará, además, que Uruguay deberá conformar su conducta a lo que mandan las normas del derecho internacional y las pautas del buen vecinaje aplicables a toda vida de relación.
Significará que ningún emprendimiento de las características de ENCE y Botnia podrá ser llevado a cabo en el futuro en el Río Uruguay sin haber oído previamente la opinión de la Argentina; y ratificará la posición correcta de que el legítimo derecho al desarrollo del Uruguay, que Argentina siempre ha aceptado, no puede hacerse a costa del medio ambiente y del derecho de las poblaciones argentinas y uruguayas tanto actuales como futuras a disfrutar de un río ecológicamente sano.
En este sentido, la lucha del pueblo de Gualeguaychú significó también que el tema medioambiental se instale en la agenda pública de todo el país y también en la amplia y rica relación bilateral con el Uruguay.
Creo igualmente que hay que desdramatizar el hecho de que Argentina y Uruguay hayan tenido que recurrir para resolver una diferencia a un tribunal internacional.
El recurso a la Corte no solamente había sido acordado previamente por ambos países en el propio Estatuto, sino que constituye un medio maduro y civilizado de resolver la diferencia además de un importante gesto de confianza en las instituciones de la comunidad internacional.
Mucho se ha hablado en los últimos días de que la decisión de la Corte permitirá reencauzar la relación con el Uruguay. Confío que así será. El respeto a las normas de derecho constituye la mejor garantía para el fortalecimiento de los tradicionales lazos de hermandad y cooperación entre ambos países.
Por Senador Daniel Filmus
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación (FPV)