En esta Argentina de hoy, una ley establece que el Estado garantice el acceso universal a las técnicas de reproducción asistida sin ningún tipo de límite ni discriminación. Un derecho que en el país del pasado hubiera sido prácticamente impensable. Las organizaciones interesadas venían luchando en un contexto de vacío legal por una normativa que habilitara el acceso y cobertura a las tecnologías reproductivas, que desde hacía décadas se desarrollaban en nuestro país y que estaban sujetas a la autorregulación del criterio médico y del mercado de la salud.
Era difícil imaginar una ley de esta naturaleza, no sólo durante la larga lucha de esas organizaciones civiles, sino cuando, ya instalada la necesidad de brindar un marco legal a estos procedimientos, el debate comenzó a girar en torno a conceptos que tendían a restringir la cobertura.
La discusión aparecía atravesada por dos ejes: la restricción o la universalidad. Por un lado, muchos se preguntaban: «¿puede acceder a estas prácticas una persona sola?», «¿puede ser una pareja de personas del mismo sexo?», «¿puede ser para alguien que no tenga un problema de fertilidad?»
Entonces, una gran parte del debate fue marcado por la tendencia a la restricción. En ese sentido, se hablaba de una cobertura para el 15% de las parejas. Era impensable que una persona sola, una pareja del mismo sexo, cualquiera, pudiera acudir a una ley nacional, con la única condición de estar dentro del rango de edad y contar con el consentimiento médico.
Como ocurrió con el debate acerca de otros derechos que los argentinos fuimos conquistando desde 2003, el nudo de la discusión versó sobre el papel del Estado respecto de la igualdad. Porque el centro de los –a veces ásperos– debates fue si todos y todas tenían el derecho de acceder a la tecnología para ser madres y padres. Como decíamos durante la discusión en el Senado, no nos cabía ninguna duda de que algunos, los que tenían los recursos materiales, tenían ese derecho, pero el tema era si el Estado iba a intervenir para que este derecho fuera universal.
Esta es una ley de una enorme trascendencia histórica, que se inscribe en la tradición de la conquista de derechos de los argentinos. La que se aprobó el miércoles es una norma de avanzada inclusive en el mundo y que significa un paso adelante en esta década, la década ganada de muchos derechos más; derechos que hoy son reconocidos y garantizados por el Estado. Esta ley extiende también los costosos tratamientos de reproducción asistida a las diversas formas de familias que, con la nueva ley de matrimonio igualitario, fueron reconocidas por el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Y a todas las personas que necesiten de estas prácticas para poder concretar su proyecto familiar y que no tienen acceso a ellas, debido a la falta de recursos. Lo que está en juego, como decíamos, es el rol del Estado, que debe intervenir activamente para democratizar el acceso a los avances científicos y a las tecnologías reproductivas.
Para las provincias que ya tienen una ley en este sentido, significará un cambio importante, ya que habrá que adaptarse a esta norma nacional y ampliar enormemente los alcances de la legislación local. Porque no hay ninguna que tenga el grado de amplitud y de alcances de los derechos que establece la nueva iniciativa. Concretamente, incorpora los métodos de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio y obliga a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y al sistema público de salud de todo el país a brindar cobertura a los tratamientos en forma gratuita y sin discriminar.
La mayor parte del debate lo tuvimos con quienes sostenían no las posiciones extremas en el sentido de no legislar o directamente de prohibir, sino con quienes querían una ley restrictiva. Y creo que el proyecto que vio la luz este miércoles avanza más, inclusive garantiza que estén los recursos para que la norma sea real. El aspecto presupuestario fue una necesaria modificación que el Senado introdujo al proyecto durante el pasado abril.
Y hay que decir que es una iniciativa que contó con el vasto respaldo de casi todas las fuerzas del espectro político nacional. En este marco es significativo que el único partido que en su amplia mayoría se abstuvo de votar la aprobación fuera el PRO, en una nueva evidencia de su concepción acerca de un Estado ausente y pasivo, concomitante con su compromiso con los intereses de las grandes corporaciones económicas y con su resistencia a la ampliación de derechos.
Repito que esta ley era difícil de imaginar un tiempo atrás. Tanto como la ley que consagró el derecho al matrimonio igualitario, a la identidad de género, a la muerte digna o tantos otros que viene conquistando la Argentina. Como dijo nuestra presidenta Cristina Fernández una vez que el proyecto fue convertido en ley, «la Fertilización Asistida significa más derechos, más inclusión, mejor país y es parte de la década ganada». Una Argentina que cada vez que otorga un derecho a quien lo necesita se hace más justa, igualitaria e inclusiva.-<dl